La crisis ambiental en Chile no es un fracaso del mercado, sino la consecuencia de su ausencia. Es hora de transitar, como plantea el autor, desde una «permisología» que asfixia la innovación hacia una arquitectura institucional que reconozca la biodiversidad como el activo más valioso de nuestro portafolio nacional.
Activos sin dueño: El diagnóstico libertario sobre la crisis ambiental chilena
En el debate público y empresarial chileno, la gestión del medio ambiente suele abordarse desde una perspectiva poco productiva, centrada casi exclusivamente en el nivel de control y las regulaciones necesarias para mitigar impactos negativos. Este enfoque ha consolidado un paradigma donde la protección de la naturaleza se percibe como una restricción al crecimiento, dejando escaso espacio para la creatividad empresarial y para promover un cuidado estratégico de la naturaleza. Es relevante transitar hacia una visión de la biodiversidad que sea considerada como un activo estratégico, capaz de proveer servicios ecosistémicos e insumos productivos fundamentales para la competitividad del país.
Chile enfrenta hoy una paradoja estructural de gran escala. Mientras su economía presenta una dependencia estratégica de sus ecosistemas —desde la hidrología que sustenta parte relevante de la actividad minera, pasando por los paisajes naturales que soportan el turismo, hasta la estabilidad climática y polinización necesaria para la producción agrícola—, la legislación ambiental se ha concentrado en una gestión regulatoria de suma cero. En este contexto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se ha transformado en un ejercicio de «permisología» burocrática, orientado a mitigar daños marginales proyecto a proyecto, pero carente de mecanismos que incentiven la creación de valor ambiental en el largo plazo. Al no reconocer el valor de estos servicios, el país desperdicia una herramienta clave para la mitigación de riesgos sistémicos y la resiliencia económica.
Superar este impasse requiere una transición hacia un enfoque de capital natural, que permita integrar la biodiversidad y servicios ecosistémicos como un activos productivos que deben ser gestionados estratégicamente[1]. Para ello, es fundamental desarrollar una institucionalidad que fomente la acción privada y el uso de soluciones basadas en la naturaleza, fortaleciendo la vinculación orgánica entre recursos naturales y desarrollo económico.
El diagnóstico libertario: la crisis de los activos sin dueño
Desde la óptica del ecologismo de libre mercado, la degradación de nuestro entorno natural no debe interpretarse como un subproducto inevitable del desarrollo, sino como el síntoma de una arquitectura institucional incompleta. La crisis medioambiental es, en su esencia, una crisis de activos sin dueño y de señales de precios inexistentes en el cálculo económico.
El fundamento del diagnóstico libertario reside en que la destrucción ambiental no nace de un exceso de mercado, sino de su ausencia. Como explicaron Anderson y Leal, la degradación ocurre preferentemente allí donde los derechos de propiedad son difusos, inexistentes o están bajo una gestión estatal ineficiente. Es la manifestación de la clásica «Tragedia de los Comunes»: cuando un recurso —sea un acuífero o la atmósfera— es de todos y de nadie, el incentivo individual del agente económico es agotarlo o contaminarlo antes de que otros lo hagan.
Esta falta de titularidad deriva en una ceguera de precios. Al tratar servicios de regulación esenciales —como la protección de cuencas o la filtración hídrica— como «bienes libres» de costo marginal cero, el mercado opera bajo un esquema de señales distorsionadas. Esta omisión contable impide que los agentes internalicen la escasez real de estos activos, inhibiendo cualquier incentivo privado para su conservación y gestión eficiente.
«El fundamento del diagnóstico libertario reside en que la destrucción ambiental no nace de un exceso de mercado, sino de su ausencia. Como explicaron Anderson y Leal, la degradación ocurre preferentemente allí donde los derechos de propiedad son difusos, inexistentes o están bajo una gestión estatal ineficiente».
Más allá del cambio climático: la erosión del capital natural e inexistencia de mercados
Mientras el cambio climático genera la mayor atención de los países y empresas, existe una amenaza subyacente igual de crítica: la erosión silenciosa de nuestro stock de capital natural y biodiversidad. Esta erosión, acelerada por ciclos de sequía, olas de calor y alteraciones antrópicas, no es una mera externalidad ambiental, sino el resultado de una institucionalidad que ha omitido las bases biofísicas de la riqueza del país.
La biodiversidad constituye una infraestructura biofísica estratégica que sustenta el bienestar y la competitividad global de Chile. La pérdida de integridad biótica, estimada en un 20% globalmente según el Informe IPBES[3], representa una falla sistémica en el cálculo económico. Como señala el Informe Dasgupta[4], el crecimiento del capital producido —infraestructura y bienes— ha ocurrido históricamente a expensas de una depreciación crítica del capital natural, comprometiendo la capacidad económica de largo plazo de los paises.
En Chile, la biodiversidad opera bajo un vacío de titularidad que la condena al descuido y al sobreuso irracional. La carencia de un marco de valorización y protección jurídica deja a los ecosistemas a merced de constantes amenazas, impidiendo que el sector privado despliegue su capacidad creativa para proteger un patrimonio que hoy parece no pertenecer a nadie ante la ley y el mercado.
Por qué el «comando y control» asfixia la gestión del capital natural
La respuesta regulatoria chilena permanece estancada en un paradigma de «comando y control» que prioriza el procedimiento administrativo sobre el resultado ambiental real. Este enfoque fomenta los permisos y no mira la salud integridad de los ecosistemas.
El SEIA opera actualmente como sistema burocrático que reduce la innovación. Al enfocarse casi exclusivamente en la mitigación de impactos negativos y prohibiciones, permite que la degradación persista bajo un barniz de estricto cumplimiento legal. Un ejemplo elocuente se observa en la gestión hídrica de la zona central: un proyecto agrícola puede cumplir rigurosamente con su cuota de extracción y poseer sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) al día; sin embargo, si el marco institucional no permite valorar la salud del acuífero de forma agregada, el agricultor cumple la ley mientras la cuenca se agota. Aquí, el cumplimiento del trámite actúa como un velo que oculta la depreciación acelerada del activo, transformando el cumplimiento legal en una deprecación del capital natural.
Esta arquitectura institucional ignora la dependencia estratégica de los sectores productivos. Al no contabilizar el capital natural, transformamos un riesgo biofísico evidente en una vulnerabilidad financiera no registrada en los balances. Sectores como el turismo de naturaleza en el sur de Chile dependen directamente de la calidad visual y la biodiversidad de los bosques nativos. Sin embargo, en el escenario actual, un operador turístico carece de herramientas de mercado para proteger su insumo principal. El sistema no facilita que estos emprendedores adquieran derechos sobre funciones ecosistémicas para evitar que usos de suelo de menor valor agregado destruyan el activo del cual depende su negocio.
Incentivos inversos y barreras a la restauración
La rigidez de la institucionalidad chilena genera barreras críticas para los emprendimientos regenerativos. Actualmente, el marco legal opera bajo una sospecha precautoria que no distingue entre el impacto de una industria extractiva y una iniciativa de restauración. Esta permisología indiferenciada impone altos costos de transacción a proyectos cuyo fin es generar externalidades ambientales positivas.
El Caso de los Bancos de Biodiversidad
Mientras un emprendedor busca invertir capital privado para restaurar un humedal y transar créditos de compensación, el Estado lo obliga a sortear evaluaciones de impacto tan complejas como las de un proyecto industrial. Al no existir una «vía rápida» para la inversión regenerativa, el sistema hace inviable el negocio de la conservación.
Estas barreras impiden que emerjan señales de escasez real. En una economía eficiente, la escasez eleva los precios y produce innovación; pero cuando los servicios ecosistémicos fallan por ausencia de mercado, el ajuste ocurre de manera catastrófica mediante la destrucción del valor del patrimonio. Por ejemplo, ante la degradación de una cuenca, el agricultor no recibe una señal de alerta vía precios, sino que enfrenta directamente la pérdida de productividad de su suelo.
La Sustitución Ineficiente de Capital
Ante la inexistencia de derechos de propiedad sobre la regulación hídrica en las cabeceras de cuenca, las empresas recurren a soluciones reactivas basadas en capital producido, como plantas desalinizadoras de alto costo. Si hubiese existido un mercado de infraestructura natural hace décadas, los usuarios habrían tenido el incentivo para invertir preventivamente en la preservación de glaciares y humedales cordilleranos a muchos kilómetros al interior de la cordillera, una solución significativamente más barata y resiliente. Esta miopía institucional fuerza un intercambio ineficiente: sustituimos capital natural gratuito por capital construido de alto mantenimiento.
Hacia la valorización: herramientas disruptivas y acción privada
Bajo el prisma del ecologismo de mercado, la solución reside en facultar a los privados como custodios de su entorno mediante la creación de derechos de propiedad definibles, defendibles y transferibles.
El Derecho real de conservación (DRC)
El DRC surge como una herramienta innovadora en Chile, permitiendo que el sector privado gestione la biodiversidad con agilidad y eficiencia. Permite, por ejemplo, que un desarrollador transforme la protección de un acuífero o un bosque en un activo que agrega valor a su portafolio inmobiliario o industrial, alineando el interés particular con la resiliencia ecosistémica. Entender que el capital natural es un activo estratégico que diversifica la riqueza nacional es el verdadero triunfo de la creatividad empresarial.
Impuestos verdes y compensaciones
Un hito fundamental es el perfeccionamiento de los Impuestos Verdes. A diferencia de un tributo tradicional, este mecanismo permite que los emisores compensen sus obligaciones mediante el financiamiento de proyectos de reducción ejecutados por terceros. Este diseño pone un precio a la externalidad y permite que el mercado busque la solución de abatimiento más eficiente. Sin embargo, para que este motor despliegue su potencial, requiere una simplificación de sus costos de transacción y una ampliación hacia créditos de biodiversidad.
«La respuesta regulatoria chilena permanece estancada en un paradigma de «comando y control» que prioriza el procedimiento administrativo sobre el resultado ambiental real. Este enfoque fomenta los permisos y no mira la salud integridad de los ecosistemas. El SEIA opera actualmente como sistema burocrático que reduce la innovación».
Institucionalización del activo: del comité de capital natural a la COP30
La transición hacia una «gestión de activos» ha encontrado anclaje en el Comité de Capital Natural (CCN). Lo innovador de este organismo es el reconocimiento explícito de que la biodiversidad es una variable de solvencia macroeconómica, involucrando al Ministerio de Hacienda, Medio Ambiente. Economía y al Banco Central. La pérdida de servicios ecosistémicos ya no se evalúa solo en términos éticos o biológicos, sino como una amenaza real a la estabilidad de los balances y a la clasificación de riesgo país.
Complementando este esfuerzo público, el sector privado ha dado un paso audaz con el Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad de Chile, presentado por Acción Empresas en la COP30. Este plan representa la hoja de ruta de las compañías líderes en el país para transitar hacia un modelo de «Naturaleza Positiva». A diferencia de los compromisos de responsabilidad social tradicionales, este plan se enfoca en la materialidad financiera de la biodiversidad y su dependencia estratégica. Esta hoja de ruta busca que las empresas no solo reduzcan sus impactos, sino que inviertan activamente en la regeneración de los ecosistemas donde operan, reconociendo que su continuidad operacional depende de la resiliencia del territorio.
Recomendaciones de política pública para un mercado de capital natural
Para materializar esta visión y superar la ceguera de precios, se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Modernización del SEIA (Fast-Track Regenerativo): Crear una vía de evaluación simplificada para proyectos cuya finalidad principal sea la generación de externalidades ambientales positivas, como la restauración de habitats, eliminando barreras de entrada irracionales.
2. Ampliación del Mercado de Compensaciones: Evolucionar los Impuestos Verdes hacia un Mercado de Servicios Ecosistémicos integral que permita a las empresas invertir en créditos de biodiversidad y restauración de cuencas.
3. Incentivos tributarios al Derecho Real de Conservación (DRC): Otorgar beneficios tributarios permitiría que la conservación compita en igualdad de condiciones con usos de suelo extractivos.
4. Gestión de cuencas basada en mercados: La institucionalidad de la DGA debe avanzar hacia mercados de servicios hídricos que premien a los dueños de tierras en alta montaña por mantener la capacidad de regulación de la cuenca.
5. Estandarización de la contabilidad de capital natural: Masificar el uso de la Guía Marco de Capital Natural para que inversionistas y la banca puedan internalizar la materialidad financiera de la biodiversidad y premiar la sostenibilidad.
Conclusiones
La crisis de biodiversidad en Chile es el resultado de una arquitectura institucional incompleta que ha operado bajo una profunda ceguera de precios. Mientras se persista en tratar la infraestructura biofísica como un «bien libre», seguiremos administrando su propia depreciación. El desafío no es aumentar el control estatal, sino completar el mercado, otorgando certeza jurídica y valorización a los activos naturales, que permitan a los privados y al Estado tomar decisiones racionales y como consecuencia, mejorar el capital natural.
La transición hacia una economía de «naturaleza positiva» requiere dejar atrás el paradigma de «comando y control» que hoy asfixia a la innovación regenerativa. La evidencia es contundente: el sector privado, cuando cuenta con derechos de propiedad claros y señales de mercado precisas, es el custodio más eficiente del patrimonio biológico. Iniciativas como el Comité de Capital Natural y el compromiso empresarial hacia la COP30 son señales de que el país está listo para integrar la naturaleza en el balance financiero de la nación.
Chile tiene la oportunidad histórica de liderar la economía regenerativa del siglo XXI. Superar el techo burocrático es la única vía para asegurar la prosperidad y solvencia de largo plazo de la nación. Es hora de reconocer que el mejor defensor de la naturaleza es, y siempre será, un mercado libre, responsable y bien informado.
[1] Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury.
[2] Anderson, T. L., & Leal, D. R. (2015). Free Market Environmentalism for the Next Generation. Palgrave Macmillan.
[3] IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. IPBES secretariat.
[4] Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury.
