Título: Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales.
Autor: Pablo Urquízar.
Editorial: San Sebastián.
Año: 2023.
Santiago de Chile.
Desde 1990, todos los gobiernos, sin excepción, han intentado implementar políticas públicas que ayuden a una solución de la violencia en la llamada Macrozona Sur, asociando dicha violencia a un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
La Comisión Especial de Pueblos Indígenas (1990) durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin; la Comisión Asesora del Presidente de la República sobre Pueblos Indígenas (1999) impulsada por el presidente Eduardo Frei; el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (2000) del presidente Ricardo Lagos, quien además estableció la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001). Posteriormente, la presidenta Michelle Bachelet creó la figura del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas (2008) y el 2010, el presidente Sebastián Piñera anunció la llamada Mesa de Diálogo del Cerro Ñielol y el Plan Araucanía 7. En su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet organizó la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (2015) y más recientemente el presidente Gabriel Boric llamó a una Comisión para la Paz y el Entendimiento (2023).
Todas estas iniciativas han buscado generar grandes acuerdos políticos, partiendo de la base de que la violencia de la Macrozona Sur requiere de una solución exclusivamente política. Sin embargo, todas ellas —con excepción de la última, que aún está en funciones— han terminado sin soluciones reales, alimentando una historia de frustraciones y malos entendidos que, en los hechos, sólo han conseguido continuar con la única política pública permanente en materia indígena en nuestro país: la restitución de tierras, que según información oficial, entre 1994 y 2023 ha transferido 220.671 hectáreas a comunidades indígenas, con una inversión de $544.349.059.895.
¿Cuáles han sido los logros de la única política pública con carácter de permanencia en materia indígena? Más violencia. La realidad muestra de forma clara que la enorme política de restitución de tierras por parte del Estado de Chile no ha ayudado a disminuir en nada la violencia en la zona y, por el contrario, ésta sólo va en un aumento desde los llamados atentados de Lumaco en 1997 y el surgimiento de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) al año siguiente.
Las comisiones señaladas y la política de tierras descrita han generado algo aún más grave: la percepción equivocada sobre los mecanismos necesarios para enfrentar la situación de violencia en la Macrozona Sur. Esa percepción dice relación con que la violencia en la zona es sólo producto de una reivindicación indígena, dejando de lado los aspectos de seguridad y orden público que se requieren.
En tal sentido, el libro del abogado y excoordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, tiene el valor de constituir una novedad en los estudios sobre la violencia en el sur del país, al criticar que dicha realidad se catalogue como «conflicto mapuche» o «conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche», pues a su juicio la violencia que hoy se sufre en la zona no distingue origen étnico. Pensar que la violencia en el sur de Chile es sólo obra de comuneros mapuches, sería suponer que las orgánicas radicalizadas estudiadas en el libro que comentamos reflejan las reales aspiraciones y objetivos del pueblo mapuche, todo lo cual es, a juicio del autor, un gran error de conceptualización pues implica criminalizar a todo un pueblo y sus demandas.
«Asumir que la única forma posible de reivindicación de las demandas del pueblo mapuche es la violencia es, en la práctica, despreciar la calidad moral del pueblo mapuche y de sus liderazgos más destacados, y entregarles a los actuales grupos armados una representación política que no tienen, que no se han ganado y que no se merecen»
Orgánicas radicalizadas
Para sostener su tesis, Urquízar aporta antecedentes inéditos de las principales «orgánicas radicalizadas y terroristas» activas hoy en día en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: la Coordinadora Arauco-Malleco, la Weichan Auka Mapu, la Resistencia Mapuche Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche, la Liberación Nacional Mapuche y la Wiñotauiñ Taiñ Malon. Sobre cada una de ellas, el autor realiza un examen referido a sus orígenes, organización, objetivo político, «enemigos», áreas de influencia, los atentados más emblemáticos en los que han participado y los principales miembros de dichas agrupaciones que hoy se encuentran en prisión. Todo lo cual va a acompañado de interesantes gráficos y en especial de mapas inéditos de elaboración propia, hechos sobre la base de información policial, señalando las áreas de influencia y despliegue de dichas organizaciones.
En esta descripción de las distintas orgánicas radicalizadas cabe resaltar las similitudes que se pueden encontrar entre ellas, especialmente en el objetivo final declarado, que en la mayoría de los casos refiere a una «Liberación Nacional Mapuche», la cual se traduciría en la reivindicación y control territorial y autonomía respecto del Estado de Chile, justificando para dicho fin la violencia como legítimo medio de acción política. La violencia se enyiende, así, como «respuesta obligada a la violencia sistémica que ha ejercido el Estado chileno contra nuestro pueblo mapuche».
A partir de este detallado análisis, el autor concluye que el verdadero conflicto que se desarrolla hoy en la Macrozona Sur es entre el Estado de Chile y el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que afectan por igual tanto a familias mapuches como no mapuches. En este punto, el autor pone al descubierto la realidad que viven los mapuches que no adhieren a las vías violentas y que son catalogados de «enemigos» de la causa, calificándolos de «yanaconas», término que antiguamente se utilizaba para designar a los mapuches que servían a los españoles durante la Conquista y que sabían hablar español. Con estas prácticas, las orgánicas radicalizadas estudiadas implementan en los hechos una verdadera dictadura sobre la población mapuche a la cual exigen obediencia absoluta, sin ninguna posibilidad de criticar la violencia ejercida por dichos grupos, y cuya desobediencia generalmente se paga con la vida.
Entre los antecedentes entregados por Urquízar, resulta especialmente llamativo el aumento de las personas involucradas en hechos de violencia en la Macrozona Sur. En el año 2006 recuerdo haber asistido personalmente a un informe elaborado por Carabineros, donde se individualizaban cerca de 30 personas que protagonizaban los hechos de violencia en la zona. Pablo Urquízar nos informa que el último balance arroja, según las mismas cifras de Carabineros para el 2022, la cifra de 416 sujetos identificados en dichos hechos de violencia, es decir, en 16 años, han aumentado más de 13 veces el número de personas involucradas.
Lo mismo se puede apreciar en los diversos gráficos aportados por el autor en materia de personas fallecidas, número de atentados y bienes destruidos, en todos los cuales se aprecia un fenómeno que si bien por momentos puede bajar en intensidad, en una visión de largo plazo muestra un aumento constante, lo que se ha dado de la mano de crecientes redes de coordinación entre los distintos grupos radicalizados que han ido surgiendo.
Legitimidad estatal
El autor, además, no se queda solamente en la denuncia de la realidad de la violencia en el sur del país. Desde su experiencia como excoordinador nacional de Seguridad para la Macrozona Sur, destaca una de las más importantes herramientas para enfrentar dicha violencia, la «Unidad de Acción del Estado», es decir, unidad de propósitos entre todos los actores políticos con el fin de ayudar a sostener la legitimidad política y social de la acción estatal. Por otra parte, recalca la necesidad de modernizar nuestro actual Sistema de Inteligencia del Estado, cuyas reformas están entrampadas por falta de acuerdo político en el Congreso Nacional desde el 2018.
En este punto, también es necesario, a juicio del autor, tomar conciencia de que la violencia en la Macrozona Sur se inserta en un contexto internacional, donde algunas de las orgánicas radicalizadas han desplegado una estrategia política de legitimación, especialmente en lo que constituye el ecosistema de Naciones Unidas, buscando deslegitimar los instrumentos propios del Estado de Derecho como la Ley Antiterrorista, los Estados de emergencia constitucional o la acción policial, buscando, además, consolidar ante la opinión pública nacional e internacional el concepto de «presos políticos mapuche» para todos aquellos condenados por hechos de violencia. Por lo anterior, a juicio del autor, una política pública efectiva debe considerar el aspecto internacional en la sustentación de la legitimidad política y social de la acción del Estado.
La obra de Pablo Urquízar pone también en discusión la situación de las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur. Con más de 7 mil hechos de violencia entre 2014 y 2022, el actual sistema de reparación de víctimas de dicha violencia se reduce a un «programa de violencia rural» con recursos mínimos y capacidad totalmente insuficiente para cubrir las demandas.
En conclusión, para el autor, hacer del llamado «conflicto mapuche» exclusivamente un tema político, es legitimar en cierta medida la violencia en la Macrozona Sur, otorgándole a todos los hechos de violencia, sin distinción, un supuesto carácter de lucha reivindicatoria de derechos indígenas. Sin embargo, lo que demuestra la obra que comentamos es que la actual violencia en la Macrozona Sur tiene un componente importante de violencia terrorista, asociada al narcotráfico y al crimen organizado más que a la reivindicación indigenista y que el hecho de seguir sin hacer esta distinción lo único que genera es aumentar el manto de impunidad para la violencia en la zona, la que como bien demuestra Urquizar, afecta tanto a mapuches como a no mapuches por igual.
Para Urquízar, si no se trabaja en una política de seguridad integral —que es mucho más que el simple aumento de fuerzas policiales— estamos dejando en la indefensión a un número significativo de chilenos —mapuches y no mapuches— frente a grupos que hace tiempo traspasaron las formas de lucha de política reivindicatoria para convertirse en organizaciones derechamente terroristas o de crimen organizado en materia de narcotráfico, robo de animales, robo de madera y extorsión, que no tienen relación alguna con las aspiraciones históricas del pueblo mapuche en su relación con el Estado de Chile.
Por último, cabe agregar que históricamente el pueblo mapuche ha contado con destacados representantes e interlocutores en el debate público, entre ellos Venancio Coñuepan, diputado y ministro de Estado, y los diputados Francisco Melivilu, Manuel Manquilef, Arturo Huenchullán, José Cayupil, entre otros, que llegaron al parlamento sin necesidad de «cupos reservados», con una fuerte reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, pero al mismo tiempo comprometidos con la institucionalidad democrática de la cual participaron activamente. Por eso asumir que la única forma posible de reivindicación de las demandas del pueblo mapuche es la violencia es, en la práctica, despreciar la calidad moral del pueblo mapuche y de sus liderazgos más destacados, y entregarles a los actuales grupos armados una representación política que no tienen, que no se han ganado y que no se merecen, desde el momento en que una parte no menor de sus víctimas son precisamente otros miembros del pueblo Mapuche. Lo demuestra, entre otros, el caso de Eleodoro Raiman —descrito en el libro—, asesinado en la comuna de Contulmo en 2019 por dirigir un camping familiar en el sector de Playa Blanca cuando miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche intentaron expulsarlo del sector, dejando a dos de sus nietos gravemente heridos.
«Es necesario, a juicio del autor, tomar conciencia de que la violencia en la Macrozona Sur se inserta en un contexto internacional, donde algunas de las orgánicas radicalizadas han desplegado una estrategia política de legitimación, especialmente en lo que constituye el ecosistema de Naciones Unidas, buscando deslegitimar los instrumentos propios del Estado de Derecho»