Título: El tren de Aragua. La banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina.
Autora: Ronna Risquez
Editorial: Planeta
Año: 2023
El Tren de Aragua tiene su origen en bandas que en los años 2000 manejaban la minería ilegal en Venezuela, llamadas también «sindicatos». Estas agrupaciones delictuales fueron utilizadas en su momento por Hugo Chávez para controlar la violencia en las cárceles y más tarde por Maduro para reprimir opositores. Lo que sigue es una necesaria revisión de los antecedentes de esta nefasta organización criminal que hoy no escatima procedimientos ni distingue fronteras.
Las políticas «socialistas del siglo XXI» que fueron implementadas en Venezuela por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro, hicieron que el país pasara de ser la envidia económica de América Latina a uno marcado por el éxodo de sus habitantes. Parte de la miseria que caracteriza la vida de quienes aún viven en el país es la crisis humanitaria que, hasta 2018, tenía a ocho de cada diez venezolanos sin acceso a agua potable. En 1998, sólo uno de cada diez carecía de ese servicio básico.[1] Sin embargo, otra parte tanto o más relevante de esa miseria ha sido el auge de la inseguridad en el país debido al crecimiento del crimen organizado que ha florecido gracias a una relación simbiótica con el Estado venezolano.
Chávez comenzó con la nacionalización de industrias, la imposición de controles de precios y la excesiva emisión de moneda, que terminaron por desalentar la inversión extranjera y local, reducir la producción nacional y llevar a una escasez generalizada de bienes básicos, con el fuerte impulso inflacionario que aquello ha significado para los venezolanos. Sin embargo, a pesar del mal tiempo económico que ya venía pesando sobre los hombros de los venezolanos, no fue hasta la crisis financiera de 2008, cuando se derrumbó el precio del petróleo —la riqueza natural más importante del país—, que Chávez empezó a buscar ingresos adicionales a través de la minería ilegal que era controlada por bandas (no aún el Tren de Aragua).
Eran bandas mineras, llamadas «sindicatos», que se aliaron con el gobierno de entonces para conseguir privilegios altamente lucrativos. Según una declaración de 2016 del exoficial de inteligencia, José Lezama Gómez, había «un grupo en el gobierno regional que estaba armando criminales y asignándoles responsabilidades sobre ciertas zonas».[2]
Durante ese período, Venezuela ya venía experimentando un alza de sus crímenes violentos, especialmente dentro de las cárceles. Por lo que, con la finalidad de combatir el caos y ante la completa ineptitud del Estado para apaciguarlo, el gobierno de Chávez estableció alianzas con líderes de varias prisiones para mantener el orden. «Con ellos las cosas funcionan bien», decía la exdirectora nacional del sistema de prisiones de Venezuela, Mónica Fernández, refiriéndose a la capacidad de los prisioneros líderes.[3]
Una vez que Maduro llegó a la presidencia en 2013, distintos grupos opositores comenzaron a surgir y a expresar su descontento a través de protestas por el manejo del gobierno sobre la economía y el crimen. Así, aquellos sindicatos o colectivos pasaron a convertirse en grupos que ayudaban al gobierno reprimiendo a las muchedumbres con violencia a lo largo de todo el país. «Era difícil saber quién hacía estas cosas, quién asesinaba, porque las fuerzas de seguridad y los colectivos tenían uniformes del Ejército», comenta a Insight Crime un funcionario municipal anónimo del municipio de Lara.[4]
«El estado de Aragua, donde se ubica la prisión de Tocorón, es base de parte importante de la fuerza militar venezolana. Allí se produce gran parte del armamento, municiones y explosivos para las fuerzas de orden del gobierno»
El Tren de Aragua nació y creció dentro del sistema carcelario venezolano, en un ambiente marcado por violencia, corrupción y abandono estatal. Uno de los principales líderes y cofundador de la banda criminal, Héctor Rusthenford Guerrero, más conocido como «el Niño Guerrero», es un hombre de 40 años que aprovechó estas condiciones y su estado de prisionero durante la década de 2010 para organizar y expandir su poder, primero dentro de la prisión de Tocorón y luego en las calles de Venezuela.
La rápida expansión del poder criminal de la banda, sin embargo, fue posible gracias al control total que ejerce sobre el barrio San Vicente, donde las fuerzas policiales no tienen permitido el ingreso desde 2014. Ubicado a 30 kilómetros de la prisión, San Vicente ofrece un territorio estratégico con fácil acceso a la autopista que conecta Caracas —centro político de Venezuela— con Carabobo —que solía ser una de las zonas más industrializadas del país—. Además, según cuenta la periodista Ronna Rísquez, San Vicente es hogar de un pequeño aeropuerto militar en muy buen estado que a menudo ve despegues de vuelos no comerciales.
Por otro lado, el estado de Aragua —donde se ubica la prisión de Tocorón— es base de parte importante de la fuerza militar venezolana. Es en este estado donde se produce gran parte del armamento, municiones y explosivos para las fuerzas de orden del gobierno. Así, la banda logró una posición estratégica que por un lado les trae ingreso y por otro el armamento pesado que necesitan para protegerlo.
Con acceso a grandes cantidades de ingresos por las distintas actividades económicas que practica el Tren de Aragua, los lujos de los criminales dentro de la prisión no escasean. Al menos no para quienes ocupan puestos altos en la jerarquía pseudo-militar que los estructura. Estos lujos incluyen acceso a piscinas, quinchos y salas de juegos. Los miembros y líderes de esta banda tienen la capacidad de organizar fiestas con música en vivo, donde se presentan artistas conocidos y se sirven bebidas alcohólicas, todo dentro de las instalaciones penitenciarias. El clima caluroso y húmedo de Aragua, además, hace necesaria la creación de «celdas VIP» para los líderes, que cuentan con aire acondicionado, televisores y mobiliario cómodo, muy lejos de las condiciones de hacinamiento y deterioro que sufren otros internos.
La operación de estos lujos se sostiene a través de un complejo sistema de corrupción y colaboración con guardias y autoridades penitenciarias. A cambio de sobornos, se permite la entrada de equipos de música, alimentos de alta calidad y, por supuesto, drogas. Los presos con menos recursos o que no son parte de la banda viven en condiciones mucho más precarias. La vida carcelaria de estos últimos se limita al encierro y al pago de impuestos a los líderes de la prisión.
Además, la banda ha implementado un sistema interno de telecomunicaciones, con acceso controlado a internet y teléfonos móviles, permitiéndoles no solo mantener contacto con el exterior sino también coordinar actividades criminales fuera de la prisión e incluso fuera de Venezuela.
Aún más impactante es el funcionamiento de la rama «solidaria» del Tren de Aragua a través de la Fundación Somos el Barrio J. K. Esta fundación, desde luego, carece realmente de una misión altruista y, en su lugar, es utilizada como una herramienta para recibir fondos de extorsiones en forma de «donaciones» y para imponer control sobre los habitantes de San Vicente, obligándolos bajo amenaza de muerte a cosas como no tener discusiones de pareja o mantener la estética de la parte exterior de sus hogares.[5] A menudo, la fundación realiza actividades de «servicio a la comunidad» que quedan registradas sus redes sociales
Financiamiento, control y poder
En la cárcel de Tocorón, los «pranes» —acrónimo de «preso rematado asesino nato»— han establecido un sistema de cobro de «impuestos» a los demás prisioneros, creando una economía paralela dentro de las instalaciones penitenciarias. Según estimaciones de Transparencia Venezuela, estos impuestos podrían haber sumado 1,5 millones de dólares en 2020, con cada recluso pagando entre y 10 y 15 dólares periódicamente, o con trabajo forzoso en su lugar.[6]
Este esquema funciona como una forma de control y poder, donde los pranes ejercen una autoridad casi total sobre el resto de la población carcelaria. Ronna Rísquez, en su libro El Tren de Aragua (2016), incluso habla de una moneda propia que se usa dentro del perímetro carcelario, la cual se ajusta en bolívares según la variación del IPC, para mantener el valor real de los productos y servicios que se transan dentro de la prisión. Los prisioneros deben pagar por prácticamente todo: desde la protección y un lugar para dormir hasta alimentos básicos y acceso a servicios como baños y duchas. El costo de estos «impuestos» varía, dependiendo de la demanda y la capacidad de pago de los internos. Tener una celda individual, por ejemplo, sería más costoso que dormir en una celda compartida.
El sistema de pago también se extiende a privilegios como el uso de teléfonos celulares, acceso a internet, y la entrada de visitantes. Los prisioneros que desean recibir visitas de familiares o amigos deben pagar una tarifa, que puede aumentar si la visita implica el ingreso de alimentos, ropa u otros bienes. Además, los prisioneros que se dedican a actividades comerciales dentro de la prisión, como la venta de alimentos, productos de higiene personal, o servicios como cortes de cabello, deben pagar un porcentaje de sus ingresos a los pranes. Este modelo asegura que los líderes carcelarios mantengan un flujo constante de ingresos, reforzando su dominio sobre la población carcelaria.
Más aún, parte importante del financiamiento del Tren de Aragua viene de otras actividades económicas como la extorsión a empresarios, especialmente aquellos que tienen sus negocios dentro o cerca de los territorios controlados por la banda. El empresario debe «donar» parte de sus ingresos a los pranes, de otra forma su negocio podría ser destruido y él asesinado. Según Rísquez, para maximizar la cantidad «vacunas», como se les llama a los pagos por extorsión que reciben los pranes, existen mecanismos sofisticados de contabilidad que permiten al empresario pagar de acuerdo con el tamaño y nivel de ganancias de cada empresa, con el fin de que éstas no quiebren. Además, para asegurar la sutileza del cobro, no serían los miembros de la banda quienes tratan con los empresarios, sino mujeres atractivas que trabajan para los miembros. A lo anterior se le suman los fondos obtenidos por pago para la liberación de personas secuestradas y sicariato a pedido.
«La mafia siciliana también nació en un ambiente de inestabilidad económica y debilidad estatal, donde la falta de seguridad y protección por parte del gobierno dejó a comunidades enteras en busca de alternativas para su supervivencia y seguridad»
Similitudes con la mafia siciliana
El Tren de Aragua es temido por lo macabro de sus acciones y su rápida infiltración en otros países. Sin embargo, su forma de operar está lejos de ser innovadora. Otras bandas de crimen organizado han usado las mismas estrategias económicas para proliferar en contextos que se lo permiten.
La mafia siciliana también nació en un ambiente de inestabilidad económica y debilidad estatal, donde la falta de seguridad y protección por parte del gobierno dejó a comunidades enteras en busca de alternativas para su supervivencia y seguridad. En Sicilia, la mafia creció en poder como un medio para proteger intereses agrícolas y luego se expandió a la protección de negocios, mientras que, en Venezuela, el Tren de Aragua se formó dentro de un sistema penitenciario abandonado y corrupto, extendiendo su control a través de la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Durante el siglo XIX, Sicilia era una zona predominantemente agraria, con una economía basada en el cultivo de cítricos, aceite de oliva, uvas y, principalmente, trigo. La gran propiedad latifundista era la norma, con vastas extensiones de tierra en manos de unos pocos aristócratas y burgueses, mientras que la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza y trabajaba como campesinos en estas fincas.
En 1893, Sicilia enfrentó una sequía sin precedentes que resultó en una cosecha de más o menos la mitad de lo normal. Lo que, sumado a una menor demanda de sus exportaciones y precios más bajos, debido a una mayor competencia internacional, deterioró la economía general de los sicilianos.[7] Los campesinos fueron quienes se vieron más perjudicados por esta situación, con paga reducida y menor empleo. Así, se creó el escenario perfecto para el alzamiento del primer movimiento socialista masivo en Italia: el movimiento de los campesinos Fasci.[8]
El colectivo de los Fasci demandaría mejores condiciones laborales e impuestos al consumo más bajos para los campesinos, ya que la élite siciliana en control del gobierno local usaba lo recaudado para bajar su propia carga tributaria, lo que resultaba en que los impuestos al consumo en Sicilia fueran el doble de altos que en el resto de Italia.[9] Las protestas de los Fasci serían cada vez más violentas e interferían con el desarrollo de la economía en un contexto ya difícil. Los dueños de tierras y empresas de Sicilia buscaron protección, y ya que en el Ejército italiano solo encontraron incompetencia y ambivalencia para enfrentar al movimiento socialista, recurrieron a la mafia.
La incapacidad del Estado italiano para proporcionar seguridad y justicia en el campo siciliano permitió que estas agrupaciones mafiosas crecieran en influencia y poder. Se involucraron en la resolución de disputas, la administración de justicia por sus propias manos y la intermediación en los conflictos agrarios, llenando el vacío dejado por las instituciones estatales.
El crimen organizado sigue el dinero. La evidencia histórica encuentra una mayor presencia de la mafia siciliana en las áreas con mayor producción y rica minería, ya que aquellos empresarios serían los más inclinados a pagarle a alguien para que proteja sus negocios dada la inoperancia del Estado.[10] Así como el Tren de Aragua tomaba posiciones estratégicas cerca de localidades mineras, mayor evidencia sobre los sicilianos encuentra mayor desarrollo de la mafia siciliana cerca de las minas de azufre en la isla.[11]
«En Sicilia, la mafia creció en poder como un medio para proteger intereses agrícolas y luego se expandió a la protección de negocios. En ambos casos, el Estado no sólo fue demasiado débil para prevenir el avance del crimen organizado, sino que se corrompió e incluso permitió el acceso del crimen a la política y al gobierno»
Con el tiempo, la mafia siciliana expandió sus actividades más allá de la gestión agrícola, diversificando sus operaciones con extorsión, minería y protección privada. Sin embargo, su ascenso inicial estuvo íntimamente ligado a los problemas agrícolas de Sicilia y al contexto socioeconómico de la época, donde se establecen las bases de su estructura organizativa y su código de conducta.
Las condiciones económicas bajo las cuales surgieron y operan ambas organizaciones resaltan similitudes en la explotación de la debilidad estatal y las políticas económicas fracasadas. En Venezuela, las políticas de los gobiernos de Chávez y Maduro han creado una crisis económica que ha empujado a la población hacia la economía informal y hacia el crimen organizado. En Sicilia, aunque las circunstancias históricas difieren, la explotación de la economía informal y el control de mercados legales e ilegales también han sido fundamentales para la mafia.
En ambos casos, el Estado no solo fue demasiado débil para prevenir el avance del crimen organizado, sino que se corrompió e incluso permitió el acceso del crimen a la política y al gobierno. Para Sicilia, existe evidencia de que, desde que comenzó a conformarse, la mafia prestó servicios a políticos en forma de apoyo y protección.[12] Otras investigaciones incluso sugieren que la mafia estaba conectada con el gobierno central de Italia. Para Venezuela, ha sido evidente —incluso para observadores internacionales— la forma en que durante las elecciones las bandas se han movilizado para sobornar, controlar y suprimir a votantes, siempre a favor del gobierno de Maduro.[13]
Un libro sin precedentes
La obra de Ronna Rísquez destaca por su valentía investigativa y detalle en profundidad del funcionamiento del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas de Venezuela y América Latina. Rísquez, con un enfoque meticuloso y acceso sin precedentes, nos muestra la complejidad de este grupo, desde sus insólitas actividades en la prisión de Tocorón hasta convertirse en una vasta red con influencia que trasciende las fronteras internacionales.
El libro no sólo expone las actividades ilícitas del grupo, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, sino que también proporciona una visión comprensiva sobre las condiciones socioeconómicas y políticas que han permitido florecer a organizaciones como el Tren de Aragua. Rísquez combina hábilmente entrevistas y reportajes en el terreno para ofrecer un retrato vívido y alarmante de cómo el crimen organizado se ha entrelazado con la vida cotidiana en Venezuela y América Latina.
A través de sus páginas, el lector es conducido por un viaje perturbador pero fascinante. La autora logra equilibrar el rigor periodístico con una narrativa cautivadora, haciendo de este libro una lectura esencial para entender la dinámica del crimen organizado en Venezuela y sus motivaciones.
Cabe destacar que, en septiembre de 2023, la cárcel de Tocorón fue allanada por policías y militares venezolanos para «retomar el control». Desde entonces, se asume que, aún sin su base de operaciones, el Tren de Aragua sigue operando con normalidad, ya que los pranes al interior de la cárcel lograron escapar y las células internacionales de la banda siguen operativas.
[1] Rendon, M., Schneider, M., Kohan, A. y Vazquez, J. (2019). “Unraveling the Water Crisis in Venezuela”. Center for Strategic and International Studies.
[2] Unidad Investigativa de Venezuela. (2023). “El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela”. Insight Crime.
[3] Insight Crime. (2023). “Cómo organizaciones comunitarias ayudan a los grupos criminales de Venezuela a dominar el territorio”.
[4] Íbid.
[5] Íbid.
[6] Crónica Uno. (2023). “Tren de Aragua percibe al menos $1.500.000 anuales con pagos en la cárcel de Tocorón”.
[7] Acemoglu, D., De Feo, G., y De Luca, G. D. (2020). “Weak states: Causes and consequences of the Sicilian Mafia”. The Review of Economic Studies, 87, 537–581.
[8] A pesar de su parecido etimológico, no hay relación entre los Fasci y el movimiento fascista que nacería después en Italia.
[9] De Viti De Marco, A. (1894). “L’insurrezione siciliana”. Giornale degli Economisti, 8, 124–141.
[10] Del Monte, A., & Pennacchio, L. (2012). Agricultural productivity, banditry and criminal organisations in post-unification Italy. Rivista Italiana degli Economisti, 17, 347–378.
[11] Buonanno, P., Durante, R., Prarolo, G., & Vanin, P. (2015). Poor institutions, rich mines: Resource curse in the origins of the Sicilian mafia. The Economic Journal, 125, F175–F202.
[12] Lorenzoni, G. (1910a). Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, Vol. VI – Sicilia, Tomo I. Roma: Tipografia Nazionale Bertero.
[13] Insight Crime (2023). “Cómo organizaciones comunitarias ayudan a los grupos criminales de Venezuela a dominar el territorio”.