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Imperativos frente al crimen organizado transnacional

Crisis penitenciaria en Chile

Christian Alveal
Exdirector de Gerdarmería de Chile Á N.11.

 
La realidad penitenciaria chilena presenta desafíos complejos, como las actividades delictivas dentro de los recintos penales por parte de bandas criminales organizadas. Esto pone en tela de juicio la efectividad del actual modelo de gestión, que depende en gran medida de una institución con múltiples responsabilidades, desde la custodia hasta la rehabilitación. El autor propone una reforma de funciones para mejorar la capacidad de respuesta y control del Estado frente al creciente flagelo de la delincuencia organizada más allá de las fronteras.

 
La lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo en América Latina ha sido una tarea continua y compleja. La región enfrenta desafíos únicos derivados de la globalización (externalidades negativas), que facilita la operación de redes criminales que traspasan fronteras y desafían la soberanía de los estados. En este contexto, las cárceles se han convertido en centros neurálgicos desde donde estas organizaciones no sólo reclutan y operan, sino que también coordinan actividades criminales tanto dentro como fuera de los muros penitenciarios.

La Convención de Palermo y la IV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas destacan la importancia de cooperar internacionalmente para combatir estos flagelos. Estos acuerdos subrayan la necesidad de medidas preventivas, investigación y cooperación entre estados para abordar la delincuencia organizada. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, América Latina ha subestimado históricamente la importancia estratégica de fortalecer sus sistemas penitenciarios como parte integral de sus estrategias de seguridad nacional.

Las condiciones en muchas cárceles latinoamericanas son deplorables: infraestructura obsoleta, sobrepoblación, falta de personal capacitado y mínimas condiciones de seguridad. Estos factores no sólo perpetúan la violencia y la corrupción dentro de las prisiones, sino que también permiten que las organizaciones criminales controlen y operen desde su interior. Ejemplos recientes en Ecuador y Honduras, donde grupos delictivos han realizado actos de violencia extrema incluso dentro de las cárceles, evidencian la gravedad del problema.

La incapacidad de los Estados para controlar el crimen dentro de las cárceles plantea serias dudas sobre su capacidad para garantizar la seguridad en las calles. La modernización y profesionalización de las instituciones penitenciarias son fundamentales para revertir esta tendencia. Esto implica no sólo disminuir el hacinamiento carcelario con la construcción de nuevas cárceles, sino también mejorar la precaria infraestructura de algunos recintos carcelarios, implementar tecnologías de seguridad efectivas, fortalecer los sistemas de clasificación y segregación de internos, proporcionar una formación adecuada al personal penitenciario, entre otras urgentes medidas.

Además de estas medidas, es crucial rediseñar un modelo penitenciario integral que potencie las penas sustitutivas o alternativas a la reclusión, dejando la privación de libertad para delitos graves y violentos. Este sistema debe adoptar políticas efectivas de rehabilitación y reinserción social que reduzcan la reincidencia delictual. La privación de libertad debe ser vista no sólo como un castigo, sino como una oportunidad para insertar o reinsertar a los penados y prepararlos para una reintegración productiva a la sociedad. Esto requiere programas educativos, laborales y de salud mental dentro de las cárceles que ayuden a los internos a adquirir habilidades y cambiar patrones de comportamiento.


 
Segmentar, confiscar, debilitar
 
Resulta determinante para maximizar resultados relacionados con la reinserción social, mejorar las capacidades para clasificar y segmentar adecuadamente a la población penal: separar a líderes de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo de lo que se conoce como delincuencia común. En este contexto, es prioritario incorporar un régimen diferenciado de reclusión al reglamento de establecimientos penitenciarios y entregar un respaldo normativo robusto al personal penitenciario a cargo de estos régimenes especiales de control intramuros.

Una de las estrategias claves utilizada por los Estados para enfrentar al crimen organizado transnacional es la confiscación de activos derivados de actividades delictivas, pues así se les debilita económicamente. Sin embargo, su efectividad se ve seriamente comprometida si los líderes y miembros de estas organizaciones pueden continuar operando sus redes desde detrás de las rejas. Es fundamental implementar medidas que impidan el uso de las cárceles como centros de mando y control del crimen organizado, es ahí la importancia de los regímenes diferenciados de reclusión. La comunidad internacional tiene un papel vital en apoyar estos esfuerzos, proporcionando asistencia técnica, intercambio de mejores prácticas y cooperación en la capacitación de personal penitenciario. La experiencia global muestra que fortalecer los sistemas penitenciarios no sólo reduce la influencia del crimen organizado en la sociedad, sino que también fortalece el Estado de Derecho y la seguridad pública en su conjunto.

América Latina debe abordar urgentemente la crisis en sus cárceles como parte integral de su estrategia de seguridad nacional. El fortalecimiento del sistema penitenciario no es sólo una cuestión de justicia y derechos humanos, sino también una necesidad estratégica para enfrentar eficientemente las amenazas del crimen organizado transnacional. Este desafío implica una mejora sustantiva y concreta en la gestión y transparencia de los sistemas penitenciarios, pues sólo así pueden desempeñar un rol en la construcción de sociedades más seguras y justas.

«La privación de libertad debe ser vista no sólo como un castigo, sino como una oportunidad para insertar o reinsertar a los penados y prepararlos para una reintegración productiva a la sociedad. Esto requiere programas educativos, laborales y de salud mental dentro de las cárceles que ayuden a los internos a adquirir habilidades y cambiar patrones de comportamiento»

 
Desafíos de la gobernanza penitenciaria: un análisis crítico
 
En el contexto de la administración de justicia penal, la gobernanza efectiva dentro de los establecimientos penales representa un desafío crucial para la seguridad pública y el cumplimiento de los objetivos penitenciarios. En Chile, la situación actual evidencia una serie de problemas que amenazan la estabilidad y el control institucional, y ponen de relieve la urgente necesidad de reformas organizacionales y estratégicas dentro de Gendarmería. Algunos casos que deben ser considerados para una mejor comprensión de la crisis penitenciaria:

1.- Intento de fuga en 2020. Jueves 19 de marzo de 2020, el más difícil. Mil imputados del penal de Santiago I, nacionales y extranjeros, con apoyo externo, planificaron una fuga masiva que iniciarían el día señalado a las 13:30 horas.

Lo anterior sucedió pese a todas las medidas adoptadas y coordinación de Carabineros y PDI para mejorar la seguridad exterior del recinto penal. A pesar, igualmente, de la información al Ministerio Público con remisión de todos los antecedentes que se conocían de esta plan de fuga masivo, al refuerzo de 60 funcionarios de dotación de la escuela institucional distribuidos en distintos puestos de servicio en el interior del penal, y a los 120 funcionarios de diferentes equipos especializados que posee la institución, a las jefaturas de diferentes departamentos dependientes de la subdirección operativa, y al sobrevuelo de drones a baja altura para que fuesen visualizados por la población penal.

A esto sumamos el traslado a las 6:30 horas de 6 imputados a los cuales se les reconocía como parte activa de esta planificación, quienes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad, para que con estas medidas y otras adoptadas, se notificaran que Gendarmería estaba al tanto de lo que pretendían y con ello abortaran este intento de fuga masiva al perder el «factor sorpresa» con el que supuestamente contaban. Sin perjuicio de lo anterior, a las 13:30 horas, tal cual lo habían acordado con anterioridad, comenzaron al unísono desde distintas agrupaciones modulares a atacar al personal y ascender a los techos de los módulos con el objeto de llegar a los puntos donde ellos serian rescatados con apoyo exterior. Este hecho, por la cantidad de convictos involucrados, organización y decisión con la que actuaron en contra del personal e instalaciones para lograr su objetivo, marcó de manera muy clara que este actuar no era coincidente con la cultura criminal común del país.

2.- Motín en Penal de Alta Seguridad de Santiago: Caos y violencia. El pasado 6 de junio de 2024, el Penal de Alta Seguridad en Santiago se convirtió en escenario de disturbios devastadores que dejaron al descubierto la fragilidad del sistema penitenciario. Según el informe detallado por el juez de garantía Fernando Guzmán Fuenzalida, quien visitó el lugar el 14 de junio, los eventos comenzaron la noche anterior debido a un corte de energía provocado por las intensas lluvias en la capital. La inspección reveló una escena de caos absoluto: infraestructura carcelaria destrozada, objetos contundentes arrojados hacia el personal de Gendarmería, y una escalada de violencia protagonizada por los reclusos. Según las autoridades de Gendarmería, los internos usaron el corte de suministro eléctrico como pretexto para iniciar los disturbios, afectando severamente la seguridad del recinto. Durante el motín, los internos causaron estragos significativos: daños a cañerías, ventanas destrozadas, y la fabricación de armas improvisadas. El personal de Gendarmería, equipado con cascos, chalecos antibalas y escudos, enfrentó una situación extrema, utilizando gas lacrimógeno y disparos al aire para restablecer el orden. El enfrentamiento resultó en heridas para tres internos y doce funcionarios, quienes requirieron atención médica urgente. El informe también destaca la participación de 31 internos, la mayoría de nacionalidad venezolana y vinculados a organizaciones criminales extranjeras, mientras que la mayoría de los chilenos internos se mantuvieron al margen de los disturbios.

El control de la situación ha sido difícil. Los desórdenes persistieron durante nueve días consecutivos, lo que obligó a Gendarmería a trasladar a algunos internos a otros penales y reorganizar a los restantes dentro del mismo recinto. El motín no sólo evidencia la vulnerabilidad estructural de las cárceles chilenas frente a crisis internas, sino también la complejidad de gestionar una población penal diversa y potencialmente peligrosa. Este incidente subraya la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario, incluyendo mejoras en infraestructura, protocolos de seguridad más eficaces, y medidas preventivas para evitar futuros episodios de violencia dentro de las cárceles del país. Las autoridades continúan trabajando para restaurar la normalidad en el recinto penal, mientras se enfrentan a los desafíos persistentes derivados de la sobrepoblación, la falta de recursos y la creciente complejidad de las dinámicas criminales dentro de los muros de las cárceles chilenas.

3.- El reportaje de Megavisión, transmitido el 18 de junio de 2024, expuso una alarmante realidad de corrupción dentro de Gendarmería. Funcionarios activos fueron acusados de colaborar con redes criminales para facilitar el tráfico de drogas, armas y teléfonos celulares dentro de los penales. Las denuncias de gendarmes que han sido amenazados por investigar estos actos ilícitos subrayan un clima de impunidad y desconfianza dentro de la institución. Esta situación no sólo compromete la seguridad interna de los penales, sino que también erosiona la credibilidad y eficacia de Gendarmería como órgano de control y rehabilitación.

La situación en los centros penitenciarios de Chile refleja una realidad alarmante que exige una respuesta inmediata y coordinada. Los problemas de gobernanza, hacinamiento, corrupción y condiciones inhumanas en las cárceles no sólo comprometen la seguridad pública, sino que también socavan los derechos fundamentales de los internos y minan la efectividad del sistema de justicia penal en su conjunto.
 
Funciones penitenciarias: cómo operar
 
Los sistemas penitenciarios tienen funciones fundamentales que van más allá de la simple reclusión de los infractores. Deben ejecutar sentencias, contribuir a la disminución de la reincidencia delictual, proteger a la sociedad del delito y ejercer un rol disuasivo efectivo. Sin embargo, en Chile y en muchos países de América Latina, estas funciones esenciales se ven seriamente comprometidas debido a múltiples factores estructurales y operativos.

El Informe del juez de garantía de Santiago, don Fernando Guzmán, delinea claramente los desafíos enfrentados en el Centro de Detención Preventiva de Santiago I durante la semana del 24 de febrero al 01 de marzo de 2024. Entre los hallazgos más preocupantes se destacan:

1.- Recursos logísticos y de personal insuficientes: la falta de recursos adecuados dificulta gravemente la capacidad de Gendarmería de Chile para cumplir con sus funciones de manera efectiva. Esto incluye desde la gestión diaria hasta la seguridad básica dentro de los penales.

2.- Corrupción y alta rotación de jefaturas: la corrupción interna y la alta rotación de las jefaturas dentro de Gendarmería complican aún más la gobernanza penitenciaria. Minan la moral del personal y facilitan el control de las cárceles por parte de las organizaciones criminales.

3.- Deterioro de instalaciones y condiciones de vida indignas: las condiciones de habitabilidad para los internos en Santiago I son deplorables. La infraestructura obsoleta, la falta de camas adecuadas y los servicios sanitarios inadecuados son una afrenta a los derechos humanos más básicos.

4.- Hacinamiento y extorsión: el hacinamiento crónico lleva a situaciones de extorsión dentro de los penales, donde los líderes de las organizaciones criminales controlan la asignación de literas y explotan a los internos más vulnerables, extorsionándolos y sometiéndolos a condiciones de vida aún más precarias.

Estos problemas son sintomáticos de un sistema penitenciario que ha sido históricamente descuidado y subestimado en su importancia estratégica. Aunque Chile se jacta de tener control sobre sus cárceles, la realidad documentada por el informe del juez Guzmán y otros informes independientes sugieren lo contrario. La falta de inversión en modernización y profesionalización del sistema, junto con la negligencia en abordar estos problemas estructurales, sólo perpetúa la crisis.
 
Fortalecer los derechos humanos
 
Es crucial reconocer que la lucha contra el crimen organizado no puede ser efectiva si las cárceles siguen siendo bastiones de poder para estas organizaciones. La cooptación de agentes penitenciarios y la opacidad dentro de los recintos penales representan una amenaza directa para la seguridad nacional. La experiencia internacional demuestra que solo a través de reformas estructurales profundas y un compromiso real con la transparencia y la ética institucional se puede restaurar la confianza en las instituciones penitenciarias y mejorar las condiciones tanto para el personal como para los internos.

No se trata sólo de mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles, sino de fortalecer la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de justicia penal y derechos humanos. Las medidas correctivas deben incluir la modernización de la infraestructura penitenciaria, la implementación de tecnologías de seguridad avanzadas, la mejora de las condiciones de trabajo y la formación continua del personal penitenciario.

En última instancia, el estado de las cárceles refleja el estado de la sociedad y del Estado mismo. Ignorar estos problemas solo perpetúa la violencia, la inseguridad y la desigualdad. Chile tiene la oportunidad y la responsabilidad de enfrentar estos desafíos con determinación y liderazgo. Sólo así podrá evitar el colapso de su sistema penitenciario y avanzar hacia un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

«El motín no sólo evidencia la vulnerabilidad estructural de las cárceles chilenas frente a crisis internas, sino también la complejidad de gestionar una población penal diversa y potencialmente peligrosa. Este incidente subraya la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario»

Anexo: Una propuesta de reforma de Gendarmería de Chile

En el contexto del ordenamiento jurídico chileno, el ejercicio del poder público se materializa a través de diferentes instituciones. Sin embargo, Gendarmería de Chile, conforme sus fines y naturaleza, se concibe como un servicio público, aun cuando en los hechos cumple una función propia del ejercicio del poder público, pues dentro de sus múltiples funciones es la encargada de gestionar la privación de libertad (impositiva) y contribuir a la reinserción social de los individuos bajo su custodia, que en forma voluntaria accedan a la oferta de intervención. En virtud de la complejidad y las demandas contemporáneas en materia penitenciaria y de seguridad pública, se ha evidenciado la necesidad de replantear el rol y la estructura de esta institución clave.

Conforme a su Ley Orgánica, Gendarmería de Chile opera como un servicio público armado, uniformado, jerarquizado y disciplinado cuya funciones esenciales son la custodia de los reclusos —la ejecución de las sentencias judiciales— y la contribución a la reinserción social de los penados que, como se ha señalado, depende de la voluntad de los condenados de incorporarse a los diferentes planes y programas de reinserción social. En la práctica, la función de custodia y vigilancia en los sistemas cerrados o cárceles tradicionales se ha ampliado incluyendo labores de inteligencia penitenciaria, colaboración con el Ministerio Público en investigaciones criminales internas, y en el abordaje de estrategias para evitar el creciente interés del crimen organizado de tomar el control de las cárceles.

Para abordar estas problemáticas de manera integral, se plantea la escisión de Gendarmería de Chile en dos entidades separadas, cada una enfocada en funciones específicas:

1. Servicio Nacional de Reinserción Social (SNRS)

Se dedicaría exclusivamente a la reinserción social de los individuos que han cumplido o están cumpliendo penas en el subsistema cerrado a cargo de las penas privativas de libertad, penas sustitutivas o del sistema postpenitenciario. Su función principal sería desarrollar y gestionar programas de reinserción efectivos, coordinando esfuerzos con otras entidades estatales y organizaciones civiles.

Operaría bajo una política nacional de reinserción, asegurando que los individuos liberados tengan el apoyo necesario para reintegrarse adecuadamente a la sociedad y reducir la posibilidad de reincidencia delictual.

2. Gendarmería de Chile

Mantiene su enfoque en la seguridad y el control penitenciario. Sería responsable de la gestión operativa de los establecimientos penitenciarios cerrados o cárceles, la custodia de los reclusos y la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas por los tribunales.

Seguiría cumpliendo un papel crucial en la seguridad pública interior, utilizando los recursos necesarios para mantener el orden y prevenir incidentes dentro de las cárceles.

Los beneficios de esta reforma son:

– Claridad de funciones: la separación de funciones permitiría una gestión más eficiente y especializada. El SNRS podría concentrarse en programas de reinserción innovadores y efectivos, mientras que Gendarmería fortalecería su capacidad para manejar la seguridad e inteligencia penitenciaria.

– Mejor coordinación: al integrar el SNRS con otras agencias y ministerios pertinentes, se facilita una coordinación más efectiva en la implementación de políticas de reinserción y programas sociales para exreclusos.

– Adaptabilidad y modernización: esta reforma respondería mejor a las demandas actuales del sistema de justicia penal y a las necesidades de seguridad pública, proporcionando una estructura más adaptable y moderna para enfrentar los desafíos emergentes.

Es fundamental que el Estado chileno considere esta reforma como parte de un esfuerzo continuo por mejorar la gestión penitenciaria y promover una justicia más efectiva y humana en el país. Incluso podría sugerirse una tercera opción relativa a la creación de una nueva institución de seguridad pública: Policía Penitenciaria uniformada, profesional, jerarquizada, disciplinada, obediente y no deliberante, con la finalidad de hacerse cargo únicamente de delincuentes imputados o condenados por delitos relacionados al narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, y para quienes cometan delitos violentos o multireincidentes refractarios al sistema penitenciario, manteniendo a Gendarmería de Chile como servicio público a cargo de privados de libertad por delitos y características distintas a las ya señaladas.

«Los sistemas penitenciarios tienen funciones fundamentales que van más allá de la simple reclusión de los infractores. Deben ejecutar sentencias, contribuir a la disminución de la reincidencia, proteger a la sociedad del delito y ejercer un rol disuasivo efectivo. La falta de inversión en modernización y profesionalización del sistema, junto con la negligencia en abordar estos problemas estructurales, sólo perpetúa la crisis»