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El costo económico de la delincuencia en Chile

Números rojos

Marcos Balmaceda
Economista Universidad de Chile Master in Economics and Finance, Pompeu Fabra University Investigador Doctoral, Business Economics KU Leuven University

 
En la última década, el costo económico para enfrentar la delincuencia pasó del 1,4% al 2,1% del Producto Interno Bruto, un gasto que impacta el bienestar social general. Enfrentar la delincuencia no sólo requiere respuestas inmediatas, sino también un enfoque sostenido y planificado desde varios ángulos: acciones coordinadas público-privadas, institucionales y de ampliación tecnológica para enfrentar al crimen de alta connotación pública y la complejidad del crimen organizado.

 
Hoy no parece sorprender a nadie el creciente clima de inseguridad, violencia y temor que afecta a los habitantes de Chile. Este preocupante panorama se refleja en encuestas de opinión, donde la delincuencia surge como la principal inquietud de la población, superando a temas tan cruciales como salud, pensiones y educación.[1] Según un informe reciente del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC-Barómetro de la Seguridad (septiembre 2023),[2] un alarmante 23,2% de la población fue víctima de algún delito en sus hogares en los últimos doce meses. Consistentemente, la percepción ciudadana es que ha habido un aumento importante de la delincuencia (90,6% cree que ésta ha crecido en el país de acuerdo a la ENUSC 2022).[3] Sin embargo, la realidad revela una complejidad aun mayor: las estadísticas oficiales apuntan a una leve disminución en la cantidad de delitos entre 2013 y 2022. ¿Cómo puede ser esto posible? Este aparente desajuste entre estadísticas y percepción ciudadana pareciera explicarse por factores como la subdenuncia y por la evolución en la naturaleza de los delitos.

Sobre la base de nuestra reciente investigación empírica para CLAPES UC, en este texto se explica el contexto y evolución del costo de la delincuencia en Chile, y se reflexiona también sobre el crimen organizado como fenómeno emergente en el país. Finalmente, el objetivo es entregar una base sólida para comprender de los desafíos actuales y proponer vías de acción. [4]

 
Contexto delictual

 
Según estos indicadores, un 67,4% de la población se siente insegura al esperar transporte público y un 54,8% al utilizar su vehículo particular. Los cambios en los hábitos diarios de las personas, producto de la delincuencia, son evidentes: un 61,5% evita salir de noche y un 24,7% evita sacar dinero de cajeros automáticos, entre otras conductas preventivas. La encuesta Barómetro de la Seguridad también revela nuevos comportamientos delictivos en el espacio público, como el consumo de alcohol y drogas (39,3%) y la percepción de venta de drogas (32,3%). La violencia finalmente se manifiesta en que un 26,9% de las personas ha escuchado balaceras en sus barrios y un 22,4% ha presenciado robos o asaltos en la vía pública.

Paradójicamente, las fuentes de datos oficiales del gobierno muestran una leve disminución en la cantidad de delitos y en sus principales indicadores de victimización en Chile entre 2013 y 2022. Específicamente, las estadísticas de delitos de mayor connotación social (DMCS), violencia intrafamiliar (VIF), incivilidades y otros hechos informados por Carabineros y la Policía de Investigaciones al Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestran que durante el período 2013-2022 las denuncias y detenciones en flagrancia experimentaron una tendencia decreciente, la cual se vio reforzada en el periodo pandémico. Sin embargo, a partir de 2022[5] se aprecia un claro repunte.

Esta aparente contradicción entre la percepción ciudadana y las estadísticas oficiales puede explicarse por cuatro factores. Primero, los datos muestran una disminución en las denuncias registradas por Carabineros, la que podría no reflejar necesariamente una reducción en la tasa de criminalidad, sino menor voluntad de las víctimas de presentar denuncias. En segundo lugar, la percepción de inseguridad podría estar influida por un aumento en las incivilidades —que se clasifican como aquellos eventos que ocurren en el espacio público, que se relacionan con la convivencia social y que, sin constituir propiamente un delito, aumentan la sensación de inseguridad—, y/o por un incremento en la violencia de los actos delictuales.

En el «Decimocuarto estudio nacional de drogas en población general de Chile», publicado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en 2020, se puede ver que las incivilidades han tenido un notable aumento comparado con mediciones anteriores. En particular, las personas que declaran presenciar balaceras o acciones violentas con armas de fuego aumentan fuertemente en la medición de 2020 respecto de la de 2018: de 17,5% a 22,2%. Esto podría ser un primer indicio de formas de criminalidad más complejas, con mayor poder de fuego y, por lo tanto, con modos más violentos de acción que antes no se reportaban en las estadísticas oficiales.

Unido a lo anterior, con respecto a la actividad delictual en Chile, indicadores indirectos sugieren un aumento sostenido en la violencia de ésta. Datos del CEAD así lo revelan, pues muestran un claro incremento en la tenencia ilegal de armas o explosivos por cada 100 mil habitantes. Entre 2013 y 2017, la tasa promedió 3,3, mientras que en el quinquenio siguiente aumentó a 4,6. Lo mismo ocurrió con los homicidios, con una tasa promedio que pasó de 4,3 en 2013-2017, a 5,3 en 2018-2022. Aunque se registró una caída en 2021, atribuible parcialmente al efecto de la pandemia de Covid 19, la tasa volvió a crecer hasta alcanzar un máximo histórico de 6,7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022.

 
Delitos de mayor connotación social

 
Nuestro estudio se centra en delitos que impactan directamente en la sociedad, como son los DMCS (robos con violencia, homicidios, violaciones, etcétera), la violencia intrafamiliar, las infracciones a la Ley de Armas y el robo de vehículos. El enfoque usado permite identificar las dimensiones económicas asociadas a estos delitos en el país.[6]

Grosso modo, se adaptó la metodología de contabilidad de costos utilizada por autores como Brand et al.,[7] Olavarría-Gambi,[8] Saens,[9] y Detotto et al.[10] Este enfoque cuantifica en términos monetarios los costos directos generados por el crimen. A pesar de su limitación de no considerar costos indirectos, elegimos esta metodología debido a su capacidad para proporcionar estimaciones directas y concretas, y obtener una cota inferior de los costos. En este sentido, los resultados de nuestro estudio podrían leerse como el piso o el costo mínimo que la delincuencia y la violencia ha generado al país, sugiriendo entonces que los costos totales (incluyendo los indirectos) pueden ser mucho mayores. En nuestro análisis el costo se divide en tres categorías principales: costos por anticipación, costos por consecuencia y costos en respuesta, los cuales proporcionan una visión detallada de los factores que contribuyen en los costos económicos asociados a la delincuencia.

 
Costos por anticipación

 
Este componente corresponde a los costos incurridos previos a la ocurrencia de los actos delictivos. En Chile destaca el drástico aumento en los gastos destinados a prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos, impulsado principalmente por el crecimiento de la seguridad privada. En 2022, este tipo de costos representó un significativo 44% del total de los costos de la delincuencia, el cual era apenas un 15% en 2013. La aplicación de la metodología de contabilidad de costos revela la magnitud tangible de estos gastos, incluyendo inversiones en alarmas, dispositivos de seguridad y la contratación de servicios de seguridad privada.

 
Costos por consecuencia

 
Estos gastos, directamente atribuibles a la comisión de delitos (por ejemplo, la pérdida de vidas humanas o el costo de las prestaciones médicas de las víctimas, entre otros), han experimentado un aumento notable del 48% en términos reales desde 2013. Destacan los gastos asociados a homicidios y robos de vehículos, que revelan la magnitud de las consecuencias económicas de estos delitos. La metodología utilizada se aplica para cuantificar, además de los gastos médicos asociados a lesiones producto de delitos, el costo de oportunidad de los salarios no generados por reclusos y las víctimas de violencia intrafamiliar, así como el gasto público (presupuesto) destinado para entregar asistencia a víctimas de delitos sexuales.

 
Costos en respuesta

 
Los costos asociados a la respuesta al delito comprenden a las instituciones públicas destinados a la identificación, persecución y sanción de los delincuentes, así como los gastos subsiguientes en materia de reinserción social. Dentro de estos destacan los costos que incurre el Estado en investigar los crímenes (policías: PDI y Carabineros), en perseguir a los delincuentes (Fiscalía), en privar de libertad parcial o completamente a infractores (Gendarmería), los gastos en reinserción social, programas dirigidos a la prevención de la violencia contra las mujeres y el cuidado de menores involucrados en delitos. En el periodo de 2013 a 2022, estos costos mostraron un aumento anual promedio del 1.9% en términos reales.

 

«Los cambios en los hábitos diarios de las personas, producto de la delincuencia, son evidentes: un 61,5% evita salir de noche y un 24,7% evita sacar dinero de cajeros automáticos, entre otras conductas preventivas»

 
 
Costos agregados

 
Los resultados de nuestra investigación revelan un impactante aumento del 94% real en los costos económicos asociados a la delincuencia en Chile entre 2013 y 2022. Este incremento, que representa un salto del 1.4% al 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB), plantea desafíos inmediatos para la seguridad ciudadana y subraya la urgente necesidad de comprender las implicancias económicas de la delincuencia. Para ponerlo en perspectiva, ese 2.1% del PIB equivale a 182.970 viviendas sociales, 25 hospitales de alta complejidad, 1.100 centros de salud familiar (CESFAM), 3.660 escuelas y 5.489 salas cuna. Estos números destacan la magnitud de la pérdida en recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de la sociedad, lo cual refuerza la importancia de abordar eficazmente el problema de la delincuencia en términos económicos.

Por otro lado, al sumar parcialmente los costos asociados a aquellos delitos considerados de «cuello y corbata» los resultados cambian marginalmente, y llegan a alcanzar un 2.14% del PIB en 2022.

Si se analizan los costos para 2022, se puede notar cómo el costo de anticipación supera a los de respuesta institucional y de consecuencia, representando un 44% del total, en contraste con el 34% de respuesta y 22% de consecuencia. Este es un cambio importante desde el 2013, cuando los costos de respuesta ocupaban el primer lugar con un 56%, seguidos por los de consecuencia con un 29% y de anticipación con un 15%. De lo anterior se concluye que en la década 2013-22 hubo un desplazamiento de recursos hacia un mayor gasto en prevención privada —como sistemas de alarmas, transporte seguro y seguridad privada—, en contraste con una lenta respuesta del gasto público. Lo anterior aparece como una respuesta consistente dados los cambios mencionados en percepción y en ocurrencia de crímenes de mayor envergadura social.

Un hallazgo relevante del estudio es la desproporcionada distribución de costos entre privados y sector público. Entre 2013 y 2022, el gasto privado en seguridad creció un 17,4% anual en términos reales, versus sólo 1,9% del gasto fiscal. Esta diferencia se puede explicar por una baja confianza en la acción policial y judicial, así como en el desencanto respecto a políticas gubernamentales para combatir el crimen, lo que ha motivado a muchas empresas y hogares a destinar recursos propios para protegerse.

En conclusión, la contrastada tendencia en los tipos de costos derivados de la delincuencia enfatiza la urgente demanda de una revisión integral de las políticas de seguridad. Es imperativo adoptar estrategias más contundentes y eficaces que no sólo aborden, sino que anticipen las crecientes necesidades de seguridad de la población. La magnitud de los costos económicos subraya la importancia de actuar de manera decidida, garantizando no sólo la contención de la delincuencia, sino también la protección de recursos que podrían destinarse al progreso y bienestar de la sociedad.

 
Nuevas líneas investigativas

 
Paralelamente, es fundamental, en primer lugar, mejorar los sistemas de inteligencia que permitan levantar mayor riqueza de datos, para permitir un entendimiento más profundo de la delincuencia por parte de la sociedad civil y facilitar respuestas más efectivas por parte de los legisladores y el poder ejecutivo.

En segundo lugar, dada la creciente amenaza del crimen organizado en Chile, es fundamental implementar mecanismos que permitan no sólo conocer y adoptar nuevas tecnologías, si no también fortalecer canales de colaboración público-privada que permitan desarrollar estrategias más efectivas de inteligencia, prevención y respuesta.

Dentro de los elementos claves a consolidar por el Estado se encuentran proyectos como la ley que dota de acceso directo a Carabineros a la base de datos de Interpol, para mejorar la persecución penal y abordar eficientemente el aumento del crimen (actualmente sólo la Policía de Investigaciones tiene este acceso), como también la necesidad de poner realmente en funcionamiento el Banco Unificado de Datos (BUD). Aunque esta plataforma fue puesta en marcha hace bastante tiempo y es actualmente operada por la Fiscalía, son claros los enormes desafíos por superar en su componente analítico.

Sistemas de monitoreo avanzados, análisis de datos predictivos y estrategias de colaboración son esenciales para optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta. Es por ello que ambos proyectos debiesen considerarse como requisito mínimo, dado el desarrollo actual de los sistemas informáticos con que cuentan otros países para luchar contra la delincuencia, y adelantarse con inteligencia a amenazas como el crimen organizado en todas sus dimensiones.

 

«Entre 2013 y 2022, el gasto privado en seguridad creció un 17,4% anual en términos reales, versus sólo 1,9% del gasto fiscal. Esta diferencia se puede explicar por una baja confianza en la acción policial y judicial, así como en el desencanto respecto a políticas gubernamentales para combatir el crimen, lo que ha motivado a muchas empresas y hogares a destinar recursos propios para protegerse»

 
Llamado a la acción

 
El análisis detallado de los costos económicos brinda la oportunidad de evaluar la eficacia de las políticas y presupuestos destinados e instituciones existentes. Nuestro análisis revela un aumento sorprendente del 94% en los costos económicos asociados a la delincuencia en Chile entre 2013 y 2022, que alcanza a un 2.1% del PIB. Utilizando una metodología de contabilidad de costos, identificamos un crecimiento significativo en los gastos de seguridad privada y los costos directamente atribuibles a la comisión de delitos.

Un elemento interesante del análisis es la distribución desigual de la carga económica, donde el sector privado ha experimentado un aumento del 17,4% anual en términos reales, contrastando con el modesto 1,9% del gasto fiscal. Este desequilibrio señala una creciente dependencia del sector privado en la protección contra la delincuencia, consistente con una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales.

Nuestras recomendaciones se centran en mejorar los sistemas de inteligencia y abordar la creciente amenaza del crimen organizado en Chile. Abogamos por la colaboración público-privada respaldada por tecnologías eficientes para desarrollar estrategias más efectivas de prevención y respuesta. Las nuevas amenazas, como el narcotráfico y la ciberdelincuencia, demandan una atención especializada.

Este breve análisis, basado en el trabajo «Costo económico de la delincuencia: Chile 2013-2022», es un llamado a la acción. Enfrentar la delincuencia no sólo requiere respuestas inmediatas, sino también un enfoque sostenido y planificado desde varios ángulos. A su vez, esperamos que nuestro trabajo sea punto de partida para un diálogo más profundo y acciones concretas hacia la mejora de la seguridad ciudadana.

 

[1] Ver, por ejemplo, últimas versiones del «Estudio nacional de opinión pública» del Centro de Estudios Públicos

(CEP). https://www.cepchile.cl/opinion-publica/encuesta-cep/

 

[2] En https://www.verisure.cl/alarmas/pdf/ceelsegUC_VS.pdf

 

[3] Ver «Encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana» (ENUSC). https://www.ine.gob.cl/enusc

 

[4] Alfaro, J., Balmaceda, M., y Hernández, L. (2023). «Costo Económico de la delincuencia: Chile 2013-2022», Documento de Trabajo N°127. CLAPES UC. https://clapesuc.cl/investigacion/doc-trabajo-n127-costo-economico-de-la-delincuencia-chile-2013-2022

[5] La acentuada tendencia a la baja de la victimización en 2020 y 2021 se explica mayoritariamente por las restricciones de movilidad producto de la pandemia.

[6] ver Alfaro, J., Balmaceda, M., y Hernández, L. (2023). «Costo Económico de la delincuencia: Chile 2013-2022», Documento de Trabajo N°127. CLAPES UC. https://clapesuc.cl/investigacion/doc-trabajo-n127-costo-economico-de-la-delincuencia-chile-2013-2022

 

[7] Revisar el trabajo seminal de Brand, S., y Price, R. (2000). «The economic and social cost of crime». Home Office Research. https://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/74968.htm

 

[8] El primer trabajo publicado aplicado con esta metodología en Chile: Olavarría-Gambi, M. (2007). “The economic cost of crime in Chile”. Global Crime. DOI: 10.1080/17440570701739686

 

[9] Otro trabajo que aplica la metodología de contabilidad de costos a Chile: Saens, R. (2015). «¿Cuánto cuesta el delito en Chile?», Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Chile.

https://www.researchgate.net/publication/281361292_Cuanto_cuesta_el_delito_en_Chile

 

[10] Revisar el trabajo seminal de Detotto, C., y Vannini, M. (2010). “Counting the cost of crime in Italy”. Global Crime. DOI: 10.1080/17440572.2010.519523