Este ensayo identifica las formas en que grupos ilícitos se han organizado en Chile no sólo en torno a los mercados de las drogas o las armas, sino a otros tan esenciales como el cobre, la madera y la pesca. Un Estado sin debilidades, bien coordinado internamente y con los privados, puede frenar su expansión a nuevos negocios.
El crimen organizado es por definición una empresa ilícita. Su objetivo es económico y la especialización y profesionalización de sus integrantes sirve a ese fin. El manto de violencia que cubre esa actividad ilegal esconde una serie de mercados ilícitos que operan desde el plano nacional al internacional sin discriminar soberanías ni nacionalidades.
Narcotráfico, tráfico de personas, de piedras preciosas, de armas, de materias primas y de una larga lista de bienes, son transados en mercados ilegales internacionales. Verdaderas empresas criminales de distintos tamaños usan al Estado para lucrar con esos y otros productos. El objetivo siempre será la trascendencia de la organización, las personas cumplen roles y pueden no permanecer, todas las herramientas están permitidas para el beneficio del negocio.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1994, en su Declaración de Nápoles, definió al crimen organizado como una amenaza global. Se reconoció su efecto desestabilizador y a la corrupción como elemento central para ello. Desde esa declaración hasta hoy, el crimen organizado sólo ha crecido en tamaño y poder.
Con centro de operaciones en América Latina, Europa o Asia, las mafias y carteles transnacionales han construido una red global que ha desestabilizado diversos Estados con la violencia asociada a su actividad. En este panorama, Chile no es una excepción. Hoy más que nunca el crimen organizado aparece como una amenaza para la seguridad del Estado. Al narcotráfico se han sumado otras economías ilícitas que impactan en importantes sectores productivos.
Debilidad institucional
Cuatro son las características que definen al crimen organizado según Jorge Chabat:[1] realiza actividades criminales de naturaleza grave con una planificación del trabajo jerarquizada; se estructura como organizaciones de tipo empresarial e incluye disciplina y sanciones; usa la violencia e intimidación real o implícita; ejerce su influencia y corrompe a funcionarios públicos y líderes de opinión.
Sin embargo, nada de lo anterior sería posible sin una zona gris[2] donde la criminalidad organizada interactúe con el Estado. Sólo así podría ir desarrollando un nutrido catálogo de actividades ilegales. Allí donde el Estado no está presente, donde no fiscaliza, esas actividades pueden prosperar.
En ese sentido, Chile cuenta con ciertos factores que facilitan el desarrollo de actividades económicas ilegales, y ahí la debilidad institucional el primero y más importante. Se ha observado un deterioro del Estado que, si bien no deja al país en la misma situación que otros de la región, de todas formas preocupa. Los asentamientos ilegales han crecido en cantidad y tamaño, y se han transformado en los lugares ideales para construir enclaves criminales que sirven a los distintos mercados ilícitos que se desarrollan en el territorio nacional.
Además, la situación de violencia en la Macrozona Sur produce una conflictividad que alimenta las actividades económicas ilegales. El control territorial que ejercen ciertos grupos violentos organizados ha permitido consolidar el robo de madera que, sin duda, se potencia con una débil acción del Estado en la zona. Si a lo anterior agregamos la vulnerabilidad social en que viven algunas comunidades, se va configurando el escenario ideal para la proliferación del crimen organizado. Allí donde el Estado no entrega desarrollo, seguridad ni bienestar, otros lo harán; a cambio de eso, buscarán lealtades y sometimiento de la población con el fin de afianzar el control sobre el lugar.
En un ámbito diferente, la tecnología, el sistema financiero y la infraestructura vial y portuaria en Chile, funcionan como herramientas que dan sostenibilidad al negocio, especialmente los puertos, sobre todo en un contexto regional donde puertos colombianos, mexicanos y ecuatorianos son definidos por puntos de salida de droga. El crimen organizado debe buscar otros desde donde sacar su producto y es ahí donde la infraestructura portuaria y la imagen país de Chile aparecen como atractiva.
Debilidad institucional, conflictividad, vulnerabilidad social, tecnología, sistema financiero e infraestructura portuaria permiten configurar un escenario donde el crimen organizado puede consolidarse. El narcotráfico es su mayor mercado, sin embargo, poco a poco en Chile han ido creciendo otros que no son menos preocupantes: cobre, madera y pescados.
«La situación de violencia en la Macrozona Sur produce una conflictividad que alimenta las actividades económicas ilegales. El control territorial que ejercen ciertos grupos violentos organizados ha permitido consolidar el robo de madera que, sin duda, se potencia con una débil acción del Estado»
Robos en alza
El año 2020 la Policía de Investigaciones incautó casi 238 mil kilos de cobre robado. Ese año, se registraron 2.531 robos a la industria forestal, un equivalente a 61 mil camiones acoplados y con pérdidas que alcanzaron los US $67,8 millones. El país pierde al año US $300 millones por pesca ilegal no reglamentada y no reportada. El mercado paralelo de merluza mueve US $60 millones al año, mientras que el robo de salmón equivale al 1,5% de la producción anual.[3] Lucrativos negocios que impactan fuertemente a la industria nacional.
Las pérdidas económicas para las empresas son las más evidentes y mencionadas, sin embargo, existe un perjuicio importante para el fisco en cuanto a la cantidad de impuestos que deja de recaudar. El gremio de los transportistas, en tanto, además de asegurar los camiones, debe proteger la integridad física de sus conductores, quienes son amenazados con violencia para robar la carga. Y sufre también la infraestructura crítica del país con cada corte de energía debido a la sustracción de cables de cobre que, no sólo se llevan los conductores de ese material, sino que también la fibra óptica que permite entregar otros servicios. La salud pública, por su parte, se encuentra en riesgo cuando el robo de salmón contaminado o en mal estado se vende en el mercado informal.
En lo que va del siglo XXI, se ha consolidado en Chile una economía ilegal en torno al robo de cobre, madera y pescados, donde la debilidad institucional expresada en problemas de fiscalización, trazabilidad y conflictividad juega un rol fundamental.
El robo de cables de cobre en particular constituye un problema específico de seguridad pública, toda vez que pone en riesgo a dos componentes fundamentales del Estado: su población e instituciones, pues afecta a la infraestructura crítica destinada a satisfacer las necesidades básicas de las que depende el funcionamiento del Estado, su desarrollo y bienestar. Este delito no es nuevo en Chile, sucede hace al menos veinte años. Sin embargo, su visibilidad se ha hecho evidente a principios de la década de 2020, al igual que la violencia derivada del crimen organizado. Lo anterior evidencia la consolidación de bandas que cuentan con estructuras cada vez más complejas y su integración en la cadena lícita de distribución de los cables o la industria minera a través de grupos intermedios que permiten blanquear el producto y exportarlo.
Al cobre se suma otra materia prima importante: la madera. Las mafias madereras, a través de una organización estructurada sobre la división de roles y tareas, han aprovechado el deterioro de la presencia del Estado en la Macrozona Sur, nutriéndose de una debilidad institucional evidente y del caos que genera la violencia. Las cifras sobre este mercado ilícito muestran que el año 2020 comenzó un proceso de crecimiento de la economía criminal alrededor del negocio forestal en un territorio donde las fiscalizaciones no se están llevando a cabo con la regularidad necesaria y las instituciones a cargo se encuentran ausentes. La falta de recursos y preparación podría justificar lo anterior. En ese contexto, el deterioro del Estado de Derecho aparece como catalizador de estas organizaciones ilícitas y donde se conforma un panorama criminal multidimensional en el que interactúan grupos armados, crimen organizado, robo de madera y delincuencia común.
La pesca y la acuicultura también sufren. El año 2018 se observó una evolución de las economías criminales, alcanzando un primer hito en 2019, cuando se pasa de 2 a 26 robos de salmón notificados. Sin embargo, el punto de inflexión se ubica en el año 2020, con el perfeccionamiento en el nivel de organización, un aumento en el uso de la violencia para concretar el delito, y un equipamiento cada vez más sofisticado. Las bandas comunes, que hace una década se dedicaban a asaltar los camiones y robar el pescado, han evolucionado a organizaciones consolidadas que cuentan con rasgos de criminalidad organizada, lo que queda demostrado en la complejidad que están alcanzando. Muchas de ellas son empresas familiares con fuertes lazos de confianza que hacen más difícil la investigación y su desarticulación.
Junto con el salmón, la pesca de merluza sobre la cuota permitida ha desarrollado otro mercado ilícito. La extracción ilegal de merluza estimaba para 2021 una pérdida del fisco de $800 millones en evasión de impuestos,[4] a lo que se suman las organizaciones que estaban detrás de ello, el mercado informal que generaban, entre otros problemas.
Cobre, madera y pesca sufren por igual con la debilidad institucional que obliga a priorizar acciones que busquen fortalecer el Estado de Derecho en el país y que permitan que las instituciones estén presentes en el territorio nacional. Los privados pueden realizar un trabajo importante con el Estado, compartir información y colaborar en el diseño de acciones concretas. Sin embargo, de no avanzar en fortalecer la institucionalidad expresado en el correcto cumplimiento de su función, al cobre, la madera y la pesca, podrían sumarse otros mercados ilícitos.
«El crimen organizado requiere del Estado para desarrollar sus mercados ilícitos, de ahí que lo observado en el estudio de las economías criminales del cobre, la madera y la pesca sea altamente preocupante. La debilidad institucional aparece como el factor principal para potenciar su avance»
Patrones comunes
Dejando de lado las diferencias específicas de cada industria, las economías criminales en torno al cobre, madera y la pesca evidencian patrones de comportamiento común, potenciados todos por la debilidad institucional.
En ese sentido, el retroceso del Estado de Derecho ha permitido el avance de estos grupos criminales, quienes han aprovechado una baja o nula fiscalización, falta de recursos y una legislación desactualizada, aspectos que terminan por convertirse en catalizadores que facilitan el desarrollo del crimen.
Actualmente, los avances en materia legislativa con respecto al crimen organizado, sin duda entregan herramientas importantes para perseguirlo, sin embargo, se requiere que junto a ello se cambie la manera en que se abordan los casos, con el fin de desbaratar las organizaciones que están detrás de esas economías criminales. Sancionar el delito de origen (robo de cobre, madera o salmón) no logrará terminar con la organización, sino que castigará a un integrante menor de ella.
Un aspecto identificado en todas las economías ilegales dice relación con la falta de recursos para una fiscalización y control efectivo del territorio. Un factor común en este tema es la falta de presencia efectiva de las instituciones en el territorio nacional, lo que tiene un impacto directo en la fiscalización y el debilitamiento del Estado de Derecho.
Así, se va conformando en Chile un panorama ideal para el avance del crimen organizado y los delitos de alta complejidad. La lógica empresarial que está detrás del crimen organizado lo llevará a buscar oportunidades, sin embargo, nada de eso podrá prosperar sin un trabajo con el Estado. El crimen organizado requiere del Estado para desarrollar sus mercados ilícitos, de ahí que lo observado en el estudio de las economías criminales del cobre, la madera y la pesca sea altamente preocupante. La debilidad institucional aparece como el factor principal para potenciar su avance, factor que permitirá también al crimen organizado consolidarse en el país, controlar más territorio y seguir permeando al Estado.
Contar con mejores indicadores que los demás países latinoamericanos no es un argumento válido, pues si comparamos los datos nacionales con los mismos de hace una década, el panorama era bastante distinto. En ese sentido, urge contar un trabajo interagencial y coordinado, que genere sinergias y contribuya a una estrategia amplia basada en una aproximación de whole-of-government, y así combatir el crimen en el país.
Lo anterior debiese desprenderse del trabajo de un sistema de seguridad nacional que coordine, guíe y nutra de información el quehacer institucional. Sólo así se podrá avanzar en recuperar el estado de derecho y generar un entorno de paz.
[1] Chabat, J. (2010). «El Estado y el crimen organizado transnacional: Amenaza global, respuestas nacionales», Istor: Revista de Historia Internacional, No. 42, http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/dossier1.pdf
[2] Trejo, G. y Ley, S. Vote. (2020). Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, Cambridge University Press.
[3] Athenalab, «Más allá del narcotráfico. Crimen organizado: recursos naturales, personas y datos», https://athenalab.org/mas-alla-del-narcotrafico-crimen-organizado-recursos-naturales-personas-y-datos/
[4]https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2022/09/03/autoridades-intentan-desarticular-pesca-ilegal-de-merluza-ilicito-mueve-us60-millones-al-ano.shtml