Título: Narconomics: cómo administrar un cártel de drogas.
Autor: Tom Wainwright.
Año: 2016.
Editorial: Debate, España
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El narcotráfico, combatido por la mayoría de los estados con políticas prohibicionistas, tiene efectos nefastos en las comunidades donde opera. Analizando el mundo delictual de las drogas desde una perspectiva económica, este libro, a medio camino entre el reportaje y el ensayo, indaga en la posibilidad de neutralizar estos efectos mediante el expediente de la legalización.
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El debate actual sobre política de drogas se centra principalmente en la salud del consumidor. No es poca la literatura médica reciente que muestra los efectos nocivos, principalmente en jóvenes menores de 23 años, del uso de marihuana, cocaína y otras drogas, sea por razones de entretención o por consumo problemático. Ahora bien, esta situación es indesmentible, a lo que se agrega el creciente consumo en jóvenes y una edad de inicio cada vez más temprana. El foco en el consumidor pasa por alto los efectos no intencionados de su contraparte, el narcotráfico, en términos de violencia. Por lo mismo, no es trivial confundir, desde una perspectiva de política pública, el lado de la demanda con el de la oferta. Narconomics: cómo administrar un cártel de drogas, de Tom Wainwright (media editor de The Economist y corresponsal de esta publicación en México, Centroamérica y el Caribe entre 2010 y 2013), es un ensayo-reportaje que, como lo presenta su autor, investiga con los ojos de un economista la industria de las drogas, como si fuera un negocio como cualquier otro. Así, el texto, de ágil y amigable escritura, entrega elementos para entender la relevancia de la distinción entre consumo de drogas y narcotráfico. Si bien ése no es el propósito del libro, es uno de los aspectos que sugiere su lectura.
Trascurridos ya cinco años desde su primera edición (2016), esta exhaustiva investigación no ha perdido vigencia. Todo lo contrario. Ofrece robusta evidencia, apoyada por literatura económica, para entender que el problema del consumo de drogas, la importancia de la prevención y la inversión por el lado de la demanda, que debiera ser la prioridad de los gobiernos, rivaliza con una política prohibitiva que, como sabemos, ha centrado sus argumentos principalmente en el daño en la salud. Para ello, el cártel de drogas es visto como una sociedad anónima que enfrenta un sistema regulatorio que define el esquema de incentivos de la narcoeconomía.
El autor constata que los gobiernos cometen al menos cuatro errores desde el punto de vista regulatorio. Primero, se concentran en suprimir la oferta, dejando a la demanda en un segundo plano (precios, información, prevención y rehabilitación). Segundo, son políticas cortoplacistas con foco en seguridad, que ahorran en intervenciones tempranas cuyos efectos son de largo plazo (prevención), muchas veces motivadas por razones electorales contingentes. Tercero, a pesar de que el narcotráfico es una industria globalizada, se la enfrenta a nivel nacional. Y, cuarto, los gobiernos confunden prohibición con control, lo que ha derivado en millonarias pérdidas para los gobiernos. Con todos estos puntos el autor centrará al cierre la discusión sobre la legalización de las drogas.
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«La prohibición y, principalmente, la declarada guerra contra las drogas ha traído consigo un efecto aun peor que el daño a la salud de los consumidores: la violencia. Algunos de los casos más notorios, y que se ha potenciado desde la publicación del libro, son el asesinato de periodistas y la corrupción de policías en Juárez, en la frontera de México-Estados Unidos».
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Dividida en diez capítulos, la investigación estudia fenómenos como la cadena de suministro, la colusión y los problemas de recursos humanos que enfrentan los cárteles, las relaciones públicas, la deslocalización de inversiones, el uso de franquicias, la innovación, el mercado digital, la diversificación de mercados, finalizando con una breve reflexión sobre la legalización (donde se detallan los cuatro errores mencionados anteriormente). Con estudios de casos y utilizando diversos enfoques de análisis económico de manera amigable, queda de manifiesto que la industria de los narcóticos opera como si fueran una industria más, sin embargo, se pone en evidencia que la prohibición y, principalmente, la declarada guerra contra las drogas ha traído consigo un efecto aún peor que el daño a la salud de los consumidores: la violencia. Algunos de los casos más notorios, y que se ha potenciado desde la publicación del libro, son el asesinato de periodistas y la corrupción de policías en Juárez, en la frontera de México-Estados Unidos. Asimismo, se muestra las paradojas de un mercado de drogas ilícitas. Por ejemplo, mientras en mercados abiertos la colusión es dañina para los consumidores, en el mercado de las drogas ilícitas la colusión tiene efectos en menores índices de violencia.
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Organización jerarquizada
En el capítulo tres, «El problema humano de un cártel de las drogas», Wainwright informa de un punto que, a mi juicio, es central sobre los efectos en violencia del mercado drogas ilícitas: el reclutamiento de soldados y la organización «corporativa» de fuerzas de seguridad y logística de un cártel. Visto desde la teoría de la acción colectiva, las organizaciones criminales deben alinear sus intereses individuales con los intereses de la organización, en un esquema que debe desincentivar la explotación de los miembros más débiles o jóvenes por parte de los más viejos o poderosos, dentro de una organización altamente jerarquizada. Para lo que las organizaciones han introducido mecanismos de información para evitar los abusos. No obstante, como bien sabemos, año a año mueren miles de jóvenes en redadas, enfrentamientos entre pandillas o «mexicanas» y, por cierto, por ajustes de cuenta internos a la organización. El capital humano de las organizaciones criminales, por una parte, proviene de los sectores más vulnerables de la sociedad: aquellos que «no tienen nada que perder» con sus vidas, o bien, que buscan mecanismos de visibilización social propios del pandillero y la cultura narco. Por otra parte, los cárteles, como los mexicanos, reclutan ex soldados y oficiales de policías. Así, han ido permeando las instituciones de seguridad, muchas veces quedando al servicio de sus intereses.
En otras áreas de la economía también son los más vulnerables los que sufren los efectos de la prohibición. Por ejemplo, el autor enseña en el primer capítulo que las políticas que buscan erradicar los cultivos no han logrado su objetivo, castigando a los agricultores más pobres. Con los precios, si bien han subido, opera una «lógica Walmart», ya que son los pequeños agricultores los que son «estrujados» con precios bajos, teniendo que trabajar más tiempo en los campos[1]. Los cárteles son compradores dominantes o monopsonios, por lo que terminan por imponer precios a los pequeños productores. Como muestra en el capítulo cinco[2], lo mismo ocurre con los laboratorios que, al igual que grandes compañías transnacionales, han deslocalizado sus operaciones en gobiernos débiles de Centroamérica, debilitando aún más el tejido social local. En este punto el autor, emulando indicadores del tipo Doig Bussiness, construye un «Índice de Competitividad del Cártel»[3], con la información del Foro Económico Mundial, sobre la base de nueve características que son del mayor interés del crimen organizado a la hora de elegir un lugar para sus inversiones: confianza en los políticos, independencia del poder judicial, costo del crimen y la violencia, sobornos, etc., con lo que Wainwright está en condiciones de ranquear países de Centroamérica y sugerir un reporte de competitividad para los cárteles. Este ejercicio ilustra las implicancias de la tesis central del libro: el crimen organizado es una industria y, en la medida que mueve miles de millones de dólares, es un actor relevante en el concierto económico mundial, por lo que cabría tomarse este tipo de experimentos en serio a la hora de identificar los países que están en riesgo de ser centros de actividad criminal. Incluso, desde la perspectiva del consumidor, una campaña de «comercio justo» (fair trade) sería informar las implicancias de comprar drogas ilícitas. En definitiva, los consumidores están comprando una cadena de comercialización que incluye sobornos, explotación de menores y asesinatos.
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Corredores intermedios
Los casos que ofrece el libro son numerosos para ilustrar las imperfecciones de mercado, como las sofisticadas operaciones logísticas que implica la comercialización de drogas ilícitas. Por ejemplo, la asimetría de información sobre las drogas que se venden en las calles contrasta con el modus operandi de los mercados virtuales de la Deep Web y, por cierto, difiere con los mercados de drogas legales. En efecto, donde se ha legalizado la marihuana existe mucha mayor información e innovación, incluso con productos más inocuos para la salud. Pero lo más importante: han bajado drásticamente los índices de violencia y encarcelamiento, acompañado del pago de impuestos, no obstante aumente el consumo. A esto se suma que el crimen organizado ha diversificado el negocio de la droga, por ejemplo, en operaciones de mercado de trata de personas, lo que cabe tener en cuenta en el escenario actual de desplazamientos masivos que observamos en el continente americano. Otro interesante enfoque que informa Wainwright proviene de la teoría de redes, la que permite responder preguntas como, ¿quién es fundamental para la red de narcotráfico?[4]. Intuitivamente, nos advierte el autor, tendemos a pensar la red del narcotráfico como un árbol genealógico. Sin embargo, el «punto de conexión vital» del narcotráfico está en «corredores intermedios», es decir, en lo que los economistas señalan que cuentan con un alto nivel de «intermediación central», siendo, como muestra la experiencia inglesa, corredores de todo tipo de drogas al minorista.
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«Donde se ha legalizado la marihuana existe mucha mayor información e innovación, incluso con productos más inocuos para la salud. Pero lo más importante: han bajado drásticamente los índices de violencia y encarcelamiento».
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Finalmente, Wainwright argumenta a favor de la legalización, teniendo en cuenta que esta sería, a los ojos de la economía, la ruina del narcotráfico. Al respecto, cabe señalar que tiene razón, pero, ¿es solo un tema económico? A mi juicio, la conclusión peca de poner el problema como un asunto en que los economistas lo pueden hacer mejor que las policías y que las personas a cargo de la guerra contra las drogas tienen una «comprensión selectiva de la economía»[5]. En efecto, como demuestra desde un comienzo del libro, las policías no valorizan adecuadamente los decomisos. Sin embargo, el autor deja a un lado otros intereses que estén en juego para hacer una discusión, ya no sólo desde la economía, sino desde la economía política que explique las razones políticas de la prohibición. ¿A qué se debe que la salud de consumidores (adictos o no) es el foco de la prohibición y no las víctimas de la violencia de barrios pobres y, sobre todo, de países pobres y de estados fallidos? Probablemente, los argumentos sobre la base de evidencia médica algo han influido. ¿Pero qué explica que la política pública frente al narcotráfico se entienda desde la perspectiva del consumidor y no desde los efectos de la violencia en la producción y, principalmente, en la comercialización de drogas ilícitas? Una tesis sería, similar a la que sugiere Adam Smith en el siglo XVIII, respecto a las políticas mercantilistas de Colbert, que sean sólo resultado de un error conceptual, como afirma también Wainwright para el mercado de drogas ilícitas en el siglo XXI, cuando también existe captura del Estado. No obstante, ello sería obviar los intereses en juego en la prohibición y en la guerra contra las drogas iniciada por Nixon. Por lo mismo, ¿quién gana en la narcoeconomía en términos políticos? A la luz de esta pregunta quizá haya que replantearse los cuatros «errores» con los que comienza y finaliza el libro. Y sean más bien errores aparentes, a favor de determinados intereses, como la producción de armas y el fortalecimiento de los intermediarios y oficinas estatales de los grandes centros consumidores, en desmedro de los países productores, lo que pasa por la agenda legislativa de los países desarrollados. Más aún, cuando sabemos que parte importante de las lucrativas ganancias no quedan en manos de los narcotraficantes muertos o apresados que protagonizan las series de Netflix.
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[1] Wainwright, T. (2016). España: Debate. Página 25.
[2] Ibíd. Páginas 123-145.
[3] Ibíd. Página 142.
[4] Ibíd. Página 205.
[5] Ibíd. Página 267.
