Título: La hora de la Re-Constitución, una guía para la convención.
Editores: Sebastián Soto Velasco.
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Este libro destaca algo nada trivial que debe cumplir la Convención Contituyente, donde gente muy diferente debe seguir formalidades, para el autor algo tan relevante como los contenidos a redactar. Escribir la nueva Constitución otorga así la oportunidad de restablecer un marco de convivencia social basado en la responsabilidad y la mesura, que distingue entre la ley y la política, para enfrentar la desafección, el clientelismo, las faltas a la probidad y otros problemas que nos aquejan.
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La hora de la Re-Constitución, una guía para la convención, de Sebastián Soto, abogado y director del departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, no es un libro exclusivamente jurídico, sino esencialmente político. Estamos ante un debate ideológico más que constitucional, donde lo que está en juego no es tanto el contenido de la carta fundamental, sino la forma como nos relacionaremos políticamente a partir de su redacción. Ahí radica la preeminencia que el autor, apelando a importantes juristas, otorga al procedimiento, a las formas, al proceso de discusión y redacción, antes que a los contenidos mismos que se incluyan en la futura Constitución.
Al leer no se puede evitar recordar un artículo publicado en 1978 por Norberto Bobbio, a propósito del trigésimo aniversario de la Constitución italiana, entonces bajo profundos cuestionamientos, titulado «La Constitución no tiene la culpa». En una analogía fácil de entender, dice que las reglas del fútbol no pueden hacer nada si los jugadores son malos. Las constituciones no hacen milagros, deberíamos decir, siguiendo al jurista italiano. En ese sentido, La hora de la Re-Constitución no habla sólo de la escritura de una nueva carta, sino que, a ojos del autor, estamos ante la oportunidad de restablecer un marco de convivencia social basada en una forma de hacer política responsable y mesurada.
Sebastián Soto plantea que lo que ocurrió a partir de octubre de 2019 fue el reflejo de una política enferma, incapaz de oficiar como institución mediadora (p. 54). A partir de esto, intenta mostrar que muchas de las responsabilidades atribuidas a la carta fundamental vigente carecen de fuerza explicativa respecto de una diversidad de problemas que aquejan a nuestra sociedad, como la creciente desconfianza o la crisis de representatividad. Sin embargo, el autor se centra demasiado en el proceso político electoral y legislativo, sin considerar otros fenómenos, como escándalos de corrupción, nexos desvergonzados entre dinero y política, legislaciones cuestionables o las tendencias oligárquicas del sistema de partidos, que han contribuido a lo que él llama la oleada constitucional. Esto sin duda ha ayudado en alguna forma a acrecentar un descontento que tomó más fuerza a partir de 2011 y que terminó dando paso al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando se establece el proceso constituyente en curso.
Soto considera que Chile enfrenta un problema en tres dimensiones: primero a nivel político, otro a nivel de convivencia y por último, a nivel de estructura. Esto es lo que compete a la Constitución. Lo primero podríamos decir que está marcado por la desconfianza y la desafección, la crisis de los partidos y una creciente banalización de la actividad política. Lo segundo se ve reflejado en una notoria crisis de autoridad y una preocupante anomia normativa. A ojos del autor, enfocarse sólo en lo estructural sin considerar las otras dos primeras dimensiones no permite abordar los problemas que como sociedad nos aquejan. Por eso, propone pensar los márgenes entre lo propiamente constitucional y lo político, para evitar poner todas las expectativas y esperanzas en una nueva Constitución.
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«Todo dependerá del temple de los actores y el tipo de convicciones que proliferen en la Constituyente. El temple también se traduce en el respeto a las normas, a los acuerdos, a los procedimientos. Una Constitución, incluso una que se va a escribir, ya implica un marco de reglas a priori, informales muchas de ellas, desde las cuales los actores se disponen a redactarla. Ahí leemos la importancia de la distinción entre el plano jurídico y el político».
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Si consideramos las tendencias populistas y demagógicas que se han hecho visibles en los modos de hacer política en Chile, existe el riesgo de mantener problemas como la desafección, el clientelismo, las faltas a la probidad, aunque tengamos una nueva Constitución. Como bien advierte el autor (p. 67), si esas pasiones desbordadas predominan durante las discusiones constitucionales es probable que la nueva carta no dé paso a un nuevo pacto, sino que termine generando nuevas decepciones. Por ello, es importante considerar la importancia de las formas, los modos, las maneras de proceder políticamente. En ese sentido, la desmesura sería el primer riesgo que corre el proceso constituyente y cualquier pretensión por fortalecer la democracia.
Soto plantea, apelando a la tradición del constitucionalismo primario, que los marcos constitucionales son un contrapeso a los impulsos de la política, generalmente cortoplacistas, pero que no pueden ser la anulación de la política misma. En el caso chileno, ha sido a través de la política, en la mayoría de los casos, que nuestra tradición constitucional ha sido conformada a lo largo de los años. Es importante, en ese sentido, la distinción que hace entre «el lenguaje del Derecho» y «el lenguaje de la Política». Con ello comprende o intenta aportar una perspectiva más amplia del proceso constitucional que estamos viviendo, porque sin esa distinción se corre el riesgo de olvidar las propias limitaciones de las normas y las reglas en relación con nuestras expectativas y deseos. Se corre el riesgo, en definitiva, de caer en los peores maximalismos.
En ese sentido, una Constitución es un acuerdo entre iguales, que establece límites a quienes acceden al ejercicio del poder político y salvaguardas para los ciudadanos frente a la acción, a veces desmesurada, de aquellos. No es una lámpara mágica como la de Aladino, tal como plantea el autor, que cumple todos nuestros deseos con sólo pedirlos o consignarlos en el papel. Tampoco es, si nos ceñimos a la tradición constitucional, un mecanismo para darle licencia a una asamblea o Congreso para actuar arbitrariamente en nombre de la soberanía popular.
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Temple y calma
Frente a lo anterior, el debate público chileno en torno al proceso constituyente y la Convención podría mostrar su mejor o su peor cara. Aquí se verá nuestro real apego, como sociedad, a las reglas más esenciales de la democracia, como la capacidad de diálogo, el respeto mutuo entre personas con opiniones distintas y sobre todo el apego a los derechos humanos, que implica no considerar a la violencia como un medio de acción política.
En el contexto de cambios que se viven, muchos de los representantes electos para la Convención u otros cargos de representación, como los gobernadores regionales, podrían caer, a pretexto de circunstancias extraordinarias, en la tentación populista o autoritaria de atribuirse la calidad de tribunos del pueblo, negándose al diálogo con quienes discrepan de sus visiones. O peor aún, que presumiéndose reyes filósofos o portadores de una sabiduría superior, pasen a llevar los marcos institucionales que, entre otras, cosas evitan la arbitrariedad y el abuso de quienes gobiernan o legislan.
Aquí es cuando la tesis central de La hora de la Re-Constitución toma cuerpo, todo dependerá en gran medida, según el autor, del temple de los actores y el tipo de convicciones que proliferen en la Constituyente. El temple también se traduce en el respeto a las normas, a los acuerdos, a los procedimientos. Una Constitución, incluso una que se va a escribir, implica un marco de reglas a priori, informales muchas de ellas, desde las cuales los actores se disponen a redactarla. Ahí radica la importancia de la distinción entre el plano jurídico y el político. Por eso, la redacción de una nueva Constitución es, antes que todo, un desafío político que pone a prueba las verdades vocaciones democráticas y políticas de constituyentes y ciudadanos.
Para redactar una carta e incluso una Constitución, se requiere calma, no atolondramientos ni pasiones desenfrenadas. Como bien advierte el autor (p. 67), si esas pasiones desbordadas predominan durante las discusiones constitucionales es probable que la nueva carta no dé paso a un nuevo pacto, sino que termine generando nuevas decepciones. La inflación legislativa o los catálogos agobiantes (que en otros países abundan dando más poder a las burocracias y gobernantes, pero sin necesariamente mejorar las condiciones de vida de las personas) podrían ser causa de enormes desilusiones. Como plantea Bellamy, «para evitar que haya leyes opresoras y autoritarias no basta sólo con que haya leyes; lo que hace falta son buenas leyes».[1]
Siguiendo la argumentación de Sebastián Soto, es claro que nos invita a tomar en cuenta el espíritu de los cambios. Los miembros de la Convención deben evitar caer en la tentación de presumir que son una especie de entidad superior e inmaculada que encarna la voluntad general y que por tanto tienen carta blanca para impulsar todo tipo de acciones. La discusión respecto al reglamento, es decir, la disposición a asumir límites, permitirá dilucidar si entre los convencionales reina la prudencia o la desmesura. Irónicamente, en su afán transformador en nombre de la democracia, los constituyentes podrían terminar replicando las lógicas oligárquicas que se han cuestionado respecto al sistema chileno de partidos. Lo peor es que la desmesura podría abrir la puerta de par en par, en nombre del pueblo, a una autocracia mayoritaria o lo que Michelangelo Bovero llama pleonocracia.[2]
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«Los miembros de la Convención deben evitar caer en la tentación de presumir que son una especie de entidad superior e inmaculada que encarna la voluntad general y que por tanto tienen carta blanca para impulsar todo tipo de acciones. La discusión respecto al reglamento, es decir, la disposición a asumir límites, permitirá dilucidar si entre los convencionales reina la prudencia o la desmesura».
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Este libro entonces es un llamado a la moderación y la responsabilidad de los políticos, los constituyentes, los legisladores, los jueces y también los ciudadanos. Es también una invitación a reconstituir consensos futuros en base a una buena forma de hacer política. Algo que en estos días parece poco visible.
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[1] Bellamy, R. (2005). “Norberto Bobbio: Estado de Derecho y Democracia”. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho(28), 73-80.
[2] Bovero, M. (2020). “Pleonocracia: crítica de la democracia mayoritaria”. Conferencias Magistrales. México: Instituto Nacional Electoral.
